Ya mucho se ha insistido en la necesidad de mantener activos en nuestro país esos contrapesos políticos que toda democracia requiere para evitar la imposición de regímenes totalitarios. Y es que por encima de las preferencias partidistas y de las posturas ideológicas, lo más sensato para todo gobernante que busca generar sinergias para legitimarse, es respetar esa pluralidad política y escuchar e integrar todas las corrientes que existan, por minoritarias que sean.
En este sentido, se reconoce pues que a pesar de la evidente pero bien ganada animadversión social que mantienen los partidos políticos, no dejan de ser instrumentos necesarios para mantener un equilibrio en la conformación del poder, ya que ante el fracaso de las candidaturas independientes, se requiere de conductos o vías legales para diversificar y mantener en constante evolución la oferta electoral.
Sin embargo, lo que ha desprestigiado a estas instituciones y las ha alejado de constituirse como esos entes de interés público que se supone debiesen ser, ha sido precisamente la privatización con que éstos han sido manejados, puesto que en apariencia todos son tomados en cuenta, pero en los hechos, es una élite la que siempre se ha beneficiado. Estas élites son precisamente las que han impulsado la construcción de esos ismos y linajes a través de los cuales se habían venido acostumbrando a heredar el poder.
El otro factor que ha contribuido a materializar la desafección política es la eclosión de nuevos partidos, los cuales son manejados tal cual, si se tratasen de empresas familiares, en donde tienden a repartirse como “ganancias” las prerrogativas que reciben del presupuesto público.
Afortunadamente, en la elección del pasado 6 de junio la población mandó un claro mensaje de desacuerdo con estas prácticas, castigando con su voto no sólo a los partidos tradicionales que insisten en seguirlas poniendo en práctica, sino también a todos aquellos que no lograron ofrecer nada nuevo y perdieron su registro ante el INE.
En seguimiento a estos temas, en una colaboración anterior abordamos el caso del PRI, precisamente como uno de esos partidos tradicionales que fue claramente desdeñado por la ciudadanía en el pasado proceso electoral. Comentamos en esa ocasión que, para refundarse, los priistas tenían que dejar sus intereses personales y grupales de lado, y recurrir a cambios de fondo, empezando por una verdadera renovación de sus cuadros y de sus estructuras operativas. Pero tal parece que aun en esas desarticuladas condiciones en que se encuentra ese partido, no faltan aquellos de siempre que no tienen llenadera y ya se están peleando por tomar el timón.
La interrogante es si estos personajes, acostumbrados a cosechar beneficios, son realmente capaces de dimensionar la situación real en la que se encuentra su navío y, más importante aún, si poseen la capacidad necesaria para sacarlo a flote. Lo único claro es que ese canibalismo que se ha empezado a evidenciar en ese instituto político, sólo está demostrándole a la ciudadanía (incluidos sus propios simpatizantes y militantes), que ese “interés público” que les debe dar sentido social y sustento legal, es lo último que en verdad les interesa.
Es por eso que una vez pasadas las elecciones, ya han empezado a surgir en el PRI voces de quienes se sienten merecedores o merecedoras de dirigir al partido, alentando corrientes a su interior que buscan desafiar a quien aún es su jefe político en el Estado, y buscar de esa manera apoderarse anticipadamente de lo que les quedó tras el paso del nuevo tsunami morenista. Parece ser que no han entendido que detrás de la consigna que la gente expresó en las urnas, donde el mensaje fue muy claro en el sentido de que ya no se quiere “más de lo mismo”, se encuentra también una advertencia a los partidos políticos de que ya “no deben seguir los mismos”.
Por eso es que cuando se escucha el clamor de algunos de sus cuadros, en el sentido de que la dirigencia nacional venga a imponer aquí una decisión, lo único que genera es más división y desconfianza entre sus bases, sobre todo cuando con ello se da pie a las pretensiones de aquellos o aquellas quienes a pesar de que la sociedad identifica como cartuchos quemados, insisten en querer seguir maniobrando al interior de ese instituto político.
Además de las repercusiones internas, esta situación abona también a su desgaste ante la opinión pública, en donde ya muchos se preguntan con cierta ironía si en verdad es así, con esa práctica del “dedazo” y con los mismos de siempre, como ese partido quiere refundarse y volver a ganarse la confianza de la ciudadanía. La verdad es que lo menos a que pueden recurrir o apelar esas corrientes internas del priismo que buscan poner a uno de los suyos al frente de su partido, es precisamente a su dirigencia nacional, la cual parece también no haber entendido su situación actual y sigue mandando señales incongruentes con los nuevos tiempos.
Como ejemplo de ello tenemos la decisión (supuestamente democrática y unánime) que tomaron los próximos diputados priistas federales al designar como su coordinador en la próxima legislatura ni más ni menos que a Rubén Moreira. Y es que este político, que ha sido señalado por el desvío de recursos públicos y por aceptar sobornos, procede además de una estirpe o prosapia política cuya reputación no es precisamente la mejor, y para muestra están ahí vigentes las múltiples acusaciones de corrupción que pesan también sobre su hermano Humberto, cuando éste fue igualmente Gobernador de esa entidad. Basta recordar aquella polémica declaración de la exsenadora y actual diputada federal del PAN Silvia Garza, cuando dijo que “la peor plaga que le cayó a Coahuila no es el dengue ni el zika, sino los Moreira”.
A partir de noviembre habrá un Gobernador de extracción Morenista en Sinaloa, y si el PRI quiere sobrevivir y refundarse para recuperar espacios perdidos, deberá como primera acción y antes del cambio de poder, validar y consolidar a su dirigencia, asignándosele un periodo estatutario por el propio Consejo Político Estatal. Esta definición les permitirá tener una certidumbre con la cual deberán desterrar los intereses grupales cortoplacistas, y de paso les allanará el camino para ponerse a trabajar en un plan de acción de largo alcance, cuyas metas deberán ser la renovación de sus cuadros, la democratización de sus procesos internos y un abanderamiento de las causas sociales que hoy le interesan a la gente.
