Ya hace tiempo (febrero del 2024), abordé en este mismo espacio acerca de la inconsciente liviandad que invade a muchos jóvenes, en torno al problema que representan los embarazos a esa edad. En aquella ocasión, señalé que las reformas que se realizaron a diversas leyes estatales en el 2022, orientadas no sólo a despenalizar sino también para legalizar el aborto, fueron en gran parte motivadas por las presiones coyunturales de ese momento, lo que dejó en evidencia la limitada altura de miras de las y los legisladores que las aprobaron.
Tan justificada fue así mi afirmación, que expuse la respuesta que me expresó una diputada de aquella legislatura, ufanándose que tales reformas eran un pendiente que tenían que sacar, para “estar a tono con todo esto que está ahora está de moda”.
Y es que al decir que además de despenalizarlo (el aborto), se procedió igualmente a legalizarlo, toda vez que son cosas diferentes; me refiero a que se hizo legal ese eufemismo de llamarlo Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mediante el cual no sólo se exonera como delito, sino que se instituye por Ley como una práctica segura para llevar a cabo los abortos, quedando como una obligación del Estado el proporcionarlo.
Finalmente, la interrupción legal del embarazo quedó aprobada por hasta un periodo de 13 semanas de gestación, una más que lo recomendado por la OMS, y que era incluso lo que había servido de referente para su aprobación en otras entidades federativas, siendo la Ciudad de México la primera en hacerlo en el 2007.
Además, una de las justificaciones esgrimidas para legalizar del aborto, donde se aludía a cuestiones proteccionistas de carácter médico o psicológico, fue algo que nunca vino al caso, pues ya existían atenuantes en la Ley para casos de violación, malformaciones congénitas y riesgos de mortalidad materna.
Pero mi objetivo ayer como ahora, nunca ha sido generar más polémica en eso que, al parecer, será siempre un debate irreconciliable entre las posturas radicales que existen, tanto a favor como en contra de todo lo que rodea al aborto.
Lo que siempre manifesté es que antes de haberse legislado al respecto, debió buscarse cómo mejorar las estrategias que hasta ahora se han seguido en materia de educación sexual, particularmente en cuanto a las repercusiones de vida del embarazo juvenil, así como los riesgos inherentes a cualquier procedimiento abortivo. Esto es debido a que los anodinos esfuerzos (campañas) que llevan a cabo las autoridades, buscando concientizar a los jóvenes sobre todo lo que representa un embarazo a esa edad, poco logran hacer frente al enorme poder seductor que tienen el internet y las redes sociales, para sexualizar y erotizar las mentes de nuestros niños y jóvenes.
Las repercusiones que hoy apreciamos detrás de este fenómeno social, no sólo las vemos en el aumento sostenido de abortos, que a diario son atendidos en los nosocomios públicos y privados de la entidad. Lo que también se está viendo es esa laxitud o displicencia que hay en los jóvenes, quienes ante la ausencia de elementos de disuasión
(legales y educativos), no dimensionan el significado de un embarazo, pues de llegar a estarlo saben que pueden fácilmente abortar.
Sin embargo, aun cuando hablamos de una decisión personal, la presión de la familia y los amigos logran disuadir a muchos jóvenes de dar ese paso, a pesar de lo que en un inicio pudo representar para ellos como la opción o salida más fácil.
Esto último ha contribuido a que muchos jóvenes, a muy temprana edad y sin la suficiente madurez, decidan en todo caso no abortar y encarar las responsabilidades que implica ser madre o padre. En consecuencia (de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes), se sabe que 6 de cada 10 jóvenes en la actualidad tienden a dejar sus estudios a causa de un embarazo.
A ello habría que sumarle las alarmantes cifras del INEGI, referentes a que el 30% de los jóvenes entre 15 y 19 años no asiste a la escuela; que más del 80% de quienes abandonan lo hacen por razones económicas o laborales; y que solo el 40% completa la educación media superior.
Por todo lo antes señalado, resulta muy gratificante enterarnos de la iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado, en sus artículos 151 y 183, presentada por la diputada Angélica Díaz Quiñónez y el diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño. Con dichas reformas, se busca garantizar y facilitar el acceso, reingreso o permanencia en el sistema educativo, de todos aquellos adolescentes y jóvenes en condición de maternidad o paternidad, asegurándoles con ello que puedan concluir sus estudios sin obstáculos. De esta forma las autoridades educativas en el estado, se verán obligadas a implementar (o en su caso reforzar) políticas, programas y acciones específicas, que aseguren su inclusión y permanencia escolar en igualdad de condiciones, Esta iniciativa que fue presentada en abril de este año, acaba de recibir su primera lectura apenas la semana pasada, por lo que se espera que pronto sea aprobada en el pleno.
