Uno de los temas en boga por su enorme relevancia para la democracia y gobernanza del país, es sin duda la reforma que el oficialismo ha propuesto para darle un vuelco a la estructura, designación y conducción del poder judicial.
La eclosión de comentarios y análisis sobre dicha iniciativa de reforma, misma que desde la mitad de su mandato viene planteando AMLO, mantiene a la sociedad confundida debido a todas esas verdades a medias que, tanto apoyadores como detractores, nos han venido exponiendo.
La realidad es que muchos de los argumentos que se vierten, o bien reflejan una ausencia de conocimiento, o simplemente obedecen a intereses muy particulares.
Pero independientemente de lo anterior, el punto de partida que une a ambas posturas, es que nuestro sistema judicial ha venido a menos, mientras que la corrupción campea ya en todos sus niveles, generando opacidad, simulación, contubernio y discrecionalidad en su operatividad, y por ende en sus resoluciones.
Es por ello que la reforma a nuestro poder judicial es algo que tarde o temprano iba a llegar, y ahora que ha llegado, lo importante es que esta no se utilice políticamente y se tergiversen sus propósitos con falsedades o mentiras a medias.
Primeramente es necesario partir de que actualmente, de acuerdo al artículo 96 de nuestra Constitución federal, para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República somete una terna al Senado, para que éste apruebe a uno de ellos mediante mayoría calificada, pero de no llegar a un acuerdo, será el propio Presidente quien haga la designación, es decir, que finalmente la mayor potestad se carga hacia el ejecutivo.
El artículo 97 por su parte, señala que las Magistradas y los Magistrados de Circuito, así como las Juezas y Jueces, serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal.
Lo que ahora se propone en cambio, es que sea el voto popular quien decida, y es aquí donde las verdades a medias han aparecido, como por ejemplo aquella que nos quiere hacer creer que entonces cualquier individuo, sin la más mínima preparación, puede llegar a ser ministro de la SCJN, cobijado en todo caso por el voto popular de una sociedad ignorante del tema.
Lo cierto es que indistintamente de las propuestas que se llegasen a perfilar para ser votadas por la gente (10 propuestas por cada Poder de la Unión), los requisitos para ser postulados como ministros no cambian de los que actualmente se exigen, por lo que la población podrá elegir a quien más le convenza, pero siempre dentro de un abanico de personas calificadas para el puesto.
En el caso de las y los magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en los mismos términos, pero seleccionados en cada uno de los 32 circuitos judiciales, y a partir de seis candidaturas paritarias por cargo (dos por cada Poder de la Unión).
Los Poderes Judiciales de las entidades federativas, deberán por su parte establecer reglas para la elección directa de sus magistrados, y jueces.
Este método de elección, aunado a la reestructuración de todo el aparato judicial, empezando por la reducción de 2 ministros de la SCJN, la fijación de topes salariales y la eliminación de la pensión vitalicia entre otros aspectos, no sólo garantizaría una mayor legitimidad de sus integrantes, sino que implicaría mayor austeridad, transparencia y eficiencia en el máximo tribunal.
Ahora bien, tampoco todo es tan bonito como se pinta, pues aquí el prietito en el arroz está en el hecho de que, si bien los aspirantes a magistrados podrán participar en debates y tendrán asignados espacios gratuitos en radio y televisión; la prohibición de financiamiento público y privado será un problema mayúsculo, pues sin recursos para hacer campaña, difícilmente podrán llegar al elector, quien entonces sí votará a ciegas, y eso si bien nos va, porque lo más probable es que la gente ni siquiera salga a votar (alto abstencionismo).
Además, se antoja muy difícil vigilar que en cada rincón del país, no exista algún tipo de financiamiento, sobre todo de ciertos poderes fácticos, como aquel que hoy tiene sumido al país en una espiral de violencia, y que ya ha hecho caminito en el ámbito político.
Por esta razón, lo más sensato es que las condiciones electivas para la integración del poder judicial, sea como en las elecciones de los otros poderes de la Unión (Ejecutivo y Legislativo), es decir, con la posibilidad de financiamiento lícito y perfectamente auditado.
Por último, otra mentira a medias es la que propagan aquellos que, tratando de defender estas reformas al poder judicial, ponen de ejemplo a otros países donde supuestamente se recurre al voto popular para la conformación de su poder judicial, empezando por nuestros vecinos del norte (EU). La realidad es que los norteamericanos tienen distintos métodos de elección para jueces, pero en el caso de la Suprema Corte, la designación de sus integrantes es como sucede actualmente en México, donde el presidente elige y el senado confirma. Por ello lo mejor para comprender y socializar debidamente este tema, es hablar con la verdad y plantear claramente sus pros y contras.
