Apenas el primero de octubre del año pasado, cuando se instaló la actual legislatura (sexagésima tercera), el ambiente era de total asombro, porque por primera vez el PRI era desplazado como primera fuerza política, y con ello perdía el control político y administrativo del Congreso del Estado. Una vez iniciado el primer periodo de sesiones, el golpeteo político no tardó mucho en aparecer, pues aún se mantenían encendidos los ánimos y animadversiones que se habían generado por el fragor electoral de ese año.
Hoy, a más de un año de aquel suceso, el escenario es afortunadamente muy distinto, ya que más allá de las naturales y consabidas diferencias entre los grupos parlamentarios, existe una postura mucho más proactiva y conciliadora entre los diputados, tanto para quienes era una exigencia que así lo hicieran (por su experiencia y trayectoria), como para aquellos a quienes, sin ningún antecedente sobre el trabajo legislativo, hoy están demostrando que un año les fue suficiente (curva de aprendizaje) para empezar a dar los resultados que los sinaloenses demandamos.
La renovada relación entre los poderes, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, está rindiendo ya sus frutos, y eso lo ha estado percibiendo una sociedad que ya estaba hastiada de las grillas e improductividad que caracterizó ese primer año legislativo.
Las últimas votaciones que se dieron en el Congreso para lograr las homologaciones salariales a jubilados y pensionados del SNTE 27, así como a las viudas de policías, generó una percepción social muy positiva, que esperemos les represente a nuestros diputados un aliciente para aprobar otras iniciativas de gran relevancia, que han venido quedando aplazadas o que están en proceso para su dictaminación en comisiones.
Apenas el último día del mes pasado, el secretario de Administración y Finanzas hizo entrega de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo año. Lo relevante es esta ocasión, y a diferencia de lo que se vivió para la aprobación del presupuesto que actualmente se ejerce, es que la voluntad política de los todos los actores involucrados, principalmente del gobernador del estado Quirino Ordaz y de la presidente de la Jucopo, Graciela Domínguez, se puso de manifiesto desde antes de la entrega formal de dicho documento, instalando una mesa de negociaciones para hacer las readecuaciones que se estimen convenientes, pero de una manera consensuada, prudente y objetiva.
Para nadie es un secreto que las necesidades en la entidad superan, y con mucho, la capacidad de maniobra financiera que se tiene, sobre todo para el 2020, donde se evidencia una disminución en los recursos que radica la federación y que en su gran mayoría son lo que dan soporte al gasto público de todas las entidades federativas. Por esta razón, además de esta nueva etapa de colaboración y acuerdo que se está dando entre los poderes del Estado, hay que reconocer la disciplina financiera y el trabajo de recaudación local que se ha venido haciendo, ya que ese es el camino a seguir para evitar caer en la contratación de más deuda pública, que era la salida más fácil que habían encontrado otras administraciones. Por otra parte, en el paquete económico presentado, sobresale la captación de un alto porcentaje de ingresos extras, como consecuencia de una mayor recaudación en impuestos locales, gracias al cruce en las bases de datos que maneja el SAT, IMSS y, a nivel local, el Sates. Esto permitirá destinar recursos adicionales para darle esa orientación social y humana al presupuesto y sostener programas que han demostrado una enorme utilidad, como el caso de las escuelas de tiempo completo.
Ahora que ya empiezan a circular los nombres de quienes podrían estar en las boletas electorales en el 2021, no hay que descartar a Carlos Ortega Carricarte y Gabriel García Coppel, dos funcionarios que le han respondido al gobernador y le han generado dividendos financieros sin adquirir deuda y sin generar nuevos impuestos. Se dice fácil, pero no recuerdo algo así desde que tengo memoria.
