Hoy que tanto se habla de la necesidad de democratizar y transparentar el poder judicial civil, sería bueno que también que se voltee a ver si las cosas no están igual o peor en el sistema de justicia militar.
Esta demanda por penetrar en el complejo y cerrado sistema de justicia castrense, no es algo reciente ni movido por las recientes reformas promovidas por AMLO a nuestro poder judicial. De hecho este es un tema que deviene desde los inicios mismos de la guerra sucia (años 60), cuando las violaciones a los derechos humanos fue la constante que acompañó a todos aquellas medidas de represión militar, en contra de movimientos sociales de diversa índole (electorales, obreros, magisteriales, ideológicos, campesinos, etc.). Sin embargo, no fue sino hasta 1974 cuando dicha represión se agudizó, ya que el ejército obtuvo la venia del presidente Luis Echeverría para actuar con toda la fuerza del Estado, escudados en una inmunidad de la que incluso hasta hoy siguen gozando los altos mandos militares, y todo ello gracias en gran medida a su cerrado sistema de justicia. Por esa razón es que bien podemos decir que mientras sigan los atropellos y la impunidad en la actuación de los militares, la guerra sucia sigue vigente, y es quizá el caso de Ayotzinapa el referente más emblemático de tal afirmación, dada la difusión internacional que el suceso ha tenido.
Y es que las atrocidades de militares nunca han parado, sólo basta recordar por ejemplo, cómo en el 2020, en Delicias, Chihuahua, elementos de la ahora GN dispararon contra un vehículo en el que viajaban una mujer y su esposo, quienes regresaban de una movilización de protesta por la falta de agua. Un caso similar se dio en el 2022, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando militares dispararon contra un vehículo en el que viajaba una familia que trasladaba a una niña al hospital para recibir atención médica. Desgraciadamente la niña murió y nadie pagó por ello. En la misma ciudad, en abril de 2023, la GN disparó injustificadamente contra una camioneta, provocando la muerte de un hombre, de una mujer menor de edad con ocho meses de embarazo y de su bebé. Y en esos como en muchos otros casos, aún no se sabe a ciencia cierta qué sanciones procedieron.
Lo anterior es lo que nos hace pensar que la militarización de la seguridad pública, más que reducir los índices de criminalidad, es una medida que vulnera los derechos humanos y la integridad de inocentes. La indefensión de los ciudadanos ante el ejército es más que evidente, sobre todo para las miles de mujeres que sufren vejaciones por parte de militares. Incluso dentro de las mismas filas castrenses, las mujeres militares sufren discriminación y parcialidad en sus demandas internas.
La justicia militar de nuestro país ya ha sido expuesta en varias ocasiones a nivel internacional, lo que dio paso a aquellas reformas a su Código de Justicia Militar del 2014, cuando se logró que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en contra de civiles, fuesen juzgados por tribunales civiles; y de esa forma, se armonizó la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia. Esta reforma surgió a raíz de aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en el 2009 emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, por el caso de desaparición forzada cometida en 1974 por elementos militares, en contra de aquel icónico líder social de Guerrero, de nombre Rosendo Radilla Pacheco.
A pesar de ello, la realidad es que el fuero militar ha permitido que sigan las violaciones a los derechos humanos, dejando a las víctimas sin la protección de la justica, ya que los militares difícilmente acuden a comparecer a un juzgado civil, y en otros casos, se suele dar un ocultamiento de evidencias para protegerse, sobre todo considerando que casi siempre son los primeros en la escena del crimen.
A todo lo anterior hay que sumarle que, a diferencia de los jueces y magistrados civiles, en el ejército los cargos de funcionarios análogos dentro de su sistema de justicia, son designados libre y unilateralmente, tal como lo señala el artículo de su Código de Justicia Militar, que a la letra dice: “La Secretaría de la Defensa Nacional nombrará al presidente y magistrados del Supremo Tribunal Militar, por acuerdo del Presidente de la República; los secretarios y personal subalterno del mismo, serán nombrados por la propia Secretaría”. Y si a ello le agregamos la preponderancia que tanto la SEDENA como la Marina han ganado en la administración de AMLO, ya sea en su exorbitante presupuesto o en la edificación de las obras emblemáticas del actual Gobierno; entonces la necesidad de reformar también la justicia militar, se convierte en algo inaplazable y que también debería someterse a consulta popular.
