Mucho se dice que en política nada es o nada surge de la casualidad, y todo tiene un fin predeterminado. No sé si la circunstancialidad que define muchas de las decisiones en este ámbito puedan darle a este frase o apotegma (de Franklin Roosevelt) un carácter universal; sin embargo, cada vez que analizamos a fondo una decisión política, nos indica que sí, que efectivamente nunca se da, como coloquialmente se dice, “un paso sin huarache”.
Hace pocos días, nuestro presidente (es de todos, independientemente de si se votó por él o no), Andrés Manuel López Obrador, anunció que para cumplir con el compromiso hecho en noviembre del año pasado, ante concesionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, firmaría un decreto para devolverles los “tiempos oficiales”.
El propósito, según lo dijo, será apoyarlos (en medio de esta crisis económica) para que puedan comercializar estos espacios. Inmediatamente después de este anuncio, funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes salieron a precisar, al estilo de “lo que el presidente quiso decir” en la Administración de Fox, que se trataba únicamente de los tiempos fiscales.
La decisión de AMLO es entonces nulificar aquel impuesto en especie fijado por Gustavo Díaz Ordaz (acuerdo publicado el 1 de julio de 1969), que obligó a los concesionarios de radio y televisión a destinar el 12.5 % de su tiempo aire (reducido después al 1.25 % por Vicente Fox), única y exclusivamente para propaganda gubernamental.
El otro componente de los llamados tiempos oficiales, es el que corresponde por Ley al Estado y que le permite a este disponer de 30 minutos diarios (continuos o discontinuos) dentro de la barra programática de cada canal de televisión o estación de radio.
Modificar o suprimir este tiempo es atribución del Congreso de la Unión, ya que se tendrían que reformar los artículos 151 y 152 de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (DOF 14/07/ 2014), donde se establece claramente dicha disposición. De hecho, ya en la extinta Ley Federal de Radio Y Televisión de 1960 se establecía la potestad del Estado de hacer uso de ese tiempo oficial de media hora al día.
De entrada, los argumentos del Gobierno de “devolver” los tiempos fiscales a los concesionarios pueden parecer convincentes, ya que en apariencia se trata de una condonación fiscal de apoyo empresarial. Ahora bien, a pesar de que esta carga tributaria no representa por sí mismo un impuesto pecuniario, sino más bien en especie, lo que se pretende es que finalmente estos espacios puedan comercializarse y generar ganancias para dichas empresas.
Sin embargo y siendo un poco mal pensados, nos parece que el trasfondo o propósito real de toda esta iniciativa, es fortalecer la lealtad de estos medios para con el presidente, y revivir así aquella época de sumisión que por muchos años imperó en los gobiernos priistas.
Sólo basta recordar la expresión de “el tigre” Emilio Azcárraga Milmo, cuando refrendó su abyección al Gobierno de Miguel de la Madrid, al definirse y definir a toda su empresa (Televisa) como “soldados del presidente”.
Tanto en la Ley vigente en la materia, como inclusive en la que fue abrogada, siempre ha campeado, como principio básico para poder hacer uso de una concesión de radio o televisión, el buscar un equilibrio entre la programación y la comercialización (publicidad).
Esto es algo que evidentemente no se respeta, ya que los porcentajes legales establecidos para publicidad son rebasados con total impunidad. Además, se establece también que los tiempos fiscales no podrán ser comercializados, sino que en todo caso, al desistir de ellos el Estado, éstos deberán ser utilizados como parte de la programación de cada canal o estación, para garantizar así la continuidad de sus transmisiones.
Ante este escenario, el segundo paso para consolidar esta decisión de nuestro actual presidente será sin duda el promover una reforma legislativa para permitir que dichos espacios puedan ser comercializados.
Esto representaría entonces sí una verdadera ganancia económica de forma directa, la cual sobra decir, haría todavía más ricos a magnates de esa industria como Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean.
De concretarse lo anterior, ganaría el presidente (lealtad), ganarían los empresarios de estos medios (riqueza), pero… ¿y los ciudadanos?
A nosotros lo que nos dejaría es una simple sustitución de propaganda por publicidad, tan inútil una como perniciosa la otra. Ya no veremos tantos spots con “logros” del Gobierno, pero los medios tradicionales nos expondrán aún más a un consumismo insaciable, el mismo que, aunado a la pobreza de los contenidos televisivos, seguirán enajenando al auditorio con boberías y trivialidades.
A final de cuentas, como en otra ocasión y con cínica sinceridad, el mismo Azcárraga Milmo expresó: “México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida, por eso la televisión, más que educar, tiene la obligación de llevar diversión a esa, gente que los saque de su triste realidad y de su futuro incierto. La clase rica, la gente exquisita, tenemos otras formas de diversión”.
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Para poder defender a los pobres, hay que primero garantizar que siga habiéndolos. Dentro de este propósito, para mantener la pobreza mental y la ignorancia a través de la manipulación mediática, es necesario seguir ofreciendo un entretenimiento hiperconsumista, insulso y de baja calidad.
¿Estará algo de esto detrás de esta “buena voluntad” presidencial? ¿Usted qué cree?
