El otorgamiento de apoyos directos a las clases sociales más desprotegidas siempre tendrá ese sesgo clientelar; sin embargo, nadie puede regatear la esencia humanitaria que dichos apoyos representan al atender (o por lo menos paliar) algunas de las necesidades de quienes se encuentran en pobreza extrema.
Por esta razón, la reciente elevación a rango constitucional de los programas asistenciales que ofrece el gobierno federal es una medida de justicia social que no puede ni debe ser objetada por nadie. Inclusive, que a estos apoyos se les dé un manejo político para explotar su rentabilidad electoral no es algo que debe alarmarnos, ya que ello ha sido una práctica recurrente por todos los gobernantes, independientemente de su ascendencia partidista e ideológica.
Debido a lo anterior y más allá de los efectos clasistas que pueda generar la connotación semántica de una frase como “primero los pobres”, utilizada como principio o eje rector de la Cuarta Transformación; lo que debe preocuparnos es la incongruente visión de quienes pretenden financiar los apoyos sociales, pero sin incentivar el mercado interno. Un gobierno que no asume su función de promotor y facilitador de inversiones, es un gobierno destinado al fracaso. Tarde o temprano el desempleo y el estancamiento en el flujo de efectivo, terminará afectando la recaudación tributaria en general, y por consiguiente, la parte proporcional que de esos impuestos le corresponde a cada orden de gobierno.
Por esta razón es que resulta irracional la postura de un gobernante que busca recaudar más impuestos, pero sin contar con una visión de largo plazo que le permita expandir el mercado con la proliferación de empresas que aumenten su base gravable. Sin la atracción de inversiones, el crecimiento económico se queda estancado, el desempleo aumenta y la recaudación de impuestos disminuye, lo que ata de manos a las autoridades para cumplir con su obligación de atender las necesidades de la población.
A nivel estatal, mucho impacto generó la postura del gobierno municipal actual de Culiacán y lo siguen generando las últimas declaraciones del ahora alcalde con licencia, que insiste en eliminar los llamados CEPROFIES (Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa), los cuales no son otra cosa que el establecimiento de un tabulador de incentivos sujeto a determinados criterios de asignación, orientado a brindar apoyos a quien desee invertir en nuestra entidad.
Los CEPROFIES no son una condonación total de impuestos para los empresarios. Esto es algo que se ha querido manejar por todos aquellos quienes, con su discurso populista hacia las clases más vulnerables, no se detienen a pensar que las finanzas públicas con los que cuenta todo gobierno son finitas y dependen básicamente de los tributos que se recaudan.
Estos Certificados, como cualquier otro mecanismo de promoción de los que se encuentran establecidos en la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa, son instrumentos necesarios que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, cobran hoy una mayor relevancia. Y es que actualmente, lejos de la llegada de nuevas inversiones, son cada vez más las personas y las empresas que están teniendo serios problemas para pagar sus impuestos, cubrir las responsabilidades ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y mantener su planta laboral.
Si a nivel federal el Gobierno de México ha optado por ir contracorriente a una tendencia mundial donde muchos países han instrumentado estímulos fiscales, han reducido las cargas sociales, han facilitado y abaratado el crédito, y en un momento dado, hasta han apoyado económicamente a las personas que pierden el empleo; lo que se requiere entonces es que sean los gobiernos locales quienes tomen sus propias iniciativas para fomentar la reactivación económica. De ahí que, si ya se cuenta con algunos instrumentos para incentivar las inversiones como el caso de los CEPROFIES, ¿No resulta obstinado e ilógico querer eliminarlos?
Afortunadamente, esta postura no es compartida por ninguno de los candidatos a la gubernatura, y a nivel municipal, sólo el alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, que busca reelegirse, es quien sigue empecinado en boicotear los CEPROFIES, bloqueando con ello que más gente se anime a invertir en la capital del Estado. Esta situación lo ha llevado a confrontarse hasta con su propio candidato a Gobernador, Rubén Rocha Moya, a quien debe estarle pesando mucho tener que lidiar con quien se supone debería ser su principal aliado, sobre todo si consideramos que el municipio de Culiacán posee casi una tercera parte del electorado del padrón estatal.
En todo caso, si como se alega, existiesen vacíos legales o contubernios en la instrumentación de estos certificados que hayan permitido la evasión de impuestos por parte de algunos empresarios, habría entonces que hacer los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento. Bajo esta premisa de aplicar siempre una mejora continua en cualquier política, programa o acción gubernamental, en el Congreso del Estado se tiene el antecedente (desde principios del 2019) de un punto de acuerdo propuesto por el legislador morenista José Rosario Romero López, donde se propuso abordar y analizar el caso de los CEPROFIES, y hasta se le solicitó a la ASE un informe sobre los estímulos fiscales otorgados.
En el mismo sentido se ha venido pronunciando la propia dirigente de la COPARMEX, Edna Fong Payán, quien ha pedido una revisión a fondo en este tema, a fin de establecer medidas más transparentes que inhiban cualquier caso de corrupción que pueda darse entre la misma comuna y algunos empresarios. En pocas palabras, no se debe caer en esa estrategia que a todas luces le ha fallado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con el pretexto de suponer cualquier indicio de corrupción, en lugar de corregir y mejorar, ha optado el clásico “borrón y cuenta nueva”.
La mala noticia es que muchas políticas públicas ya consolidadas se han quedado solamente en ese “borrón” y no han sido sustituidas, o bien lo han sido, pero por alternativas que no están funcionando como el INSABI y las compras centralizadas de medicamentos. Además, nadie puede olvidar la visceral e injustificada desaparición de programas tan nobles como el de las guarderías infantiles, las escuelas de tiempo completo y los apoyos para la subsistencia de la actividad pesquera. Ojalá no pase lo mismo con este tema de atracción de inversiones.
