Nadie puede negar que como nunca antes se había dado, hoy existe un verdadero interés del Gobierno Federal por atender a los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Este tema ha cobrado una inusitada fuerza, lo cual no debe considerarse una canonjía para nuestros hermanos y hermanas que pertenecen a estas comunidades, sino que es un derecho del que todos somos corresponsables y beneficiarios.
Y es que aunque algunos lo nieguen, sintiéndose quizá sajones o escandinavos, la sangre mestiza que corre por nuestras venas nos recuerda que la diversidad genómica en nuestro país, por más contrastantes que sea, mantiene como punto de origen el gen de los pueblos originarios, por lo que la autodeterminación que solemos hacer y que genera segregación y discriminación raciales, responde más bien a criterios socioculturales y no tanto genéticos.
Hablar de las diferencias raciales que existen en México, como resultado de la diversidad genética y cultural de quienes en él habitamos, es referirnos a esa dicotomía entre nuestro pasado indígena y la sociedad heterogénea de la actualidad. De acuerdo a cifras del INEGI del 2021, de una población de casi 127 millones de mexicanos, 6,14% (alrededor de 7.740.000 personas) son hablantes de lengua indígena y 2,04% (alrededor de 2.571.000 personas) se autoadscriben como afrodescendientes.
En nuestro Estado, se hable de la existencia de 10 municipios que suman en total 236 Pueblos y comunidades indígenas, siendo estos Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Navolato, Elota, Cosalá, Angostura y Escuinapa. Del total de esta población indígena, casi el 80 % vive en condiciones de extrema pobreza.
A pesar de estas cifras, los Gobiernos anteriores priorizaron siempre la supremacía de un Estado mono-cultural, donde la multiculturalidad sólo era parte de la retórica discursiva ante el mundo, pero que al interior, la indolencia y el autoritarismo recalcitrante hacia las poblaciones indígenas, exacerbaban o servía de caldo de cultivo para la discriminación social. Y este fenómeno se acrecentó sobre todo en los estados del norte del país, donde la marginación siempre fue doble, pues además de la ausencia de programas sociales para esas regiones, nada se hacía para frenar la falsa creencia sobre la existencia de una población indígena minoritaria y con una localización casi exclusiva del sureste de México.
Por otra parte, son muchos los pueblos indígenas que han sido víctimas tanto de la violencia del crimen organizado, como de los daños colaterales por las acciones de la milicia. El ejemplo más claro de ello fue la lucha contra el narco que implementó en su momento Felipe Calderón, misma que fue el detonante de todos esos desplazamientos forzados que hoy, continúan como legado de esa fallida estrategia.
Por todas estas consideraciones es que resulta insoslayable el fortalecimiento de la representatividad indígena en el ámbito político y en las decisiones gubernamentales sobre políticas públicas. Y es que ya no es suficiente que lleguen diputados indígenas a las cámaras legislativas estatales y al mismo Congreso de la Unión, ahora el siguiente paso es garantizar que se implemente una agenda indígena exclusiva y desmarcada de los partidos políticos, a quienes hemos visto adoptar el tema indígena con fines electoreros, pero una vez ya en el poder, suelen degradarlo a un nivel meramente representativo u ornamental.
Ante esta situación, es que se sabe de algunas voces que pronto habrán de manifestarse para exigir que en nuestro estado se fortalezca la presencia y participación indígena, lo que vendría a hacerles justicia por la histórica marginación que han padecido. Estaré atento para informarles amigas y amigos lectores.
Y es que mientras persistan factores que generen desigualdad y discriminación, nadie puede jactarse de vivir en una democracia plena, es decir, una donde además de la separación de poderes, de la supremacía del Estado de Derecho y de elecciones transparentes, no se alimente la desigualdad y discriminación sociales.
