Quizá como nunca antes, los astros se habían alineado tanto y de tal forma que, en un mismo día, se empatasen dos sucesos tan importantes para el porvenir de la relación bilateral México-EU. Y es que finalmente de lo que suceda hoy, tanto en la sesión de nuestra Suprema Corte de Justicia, como en las elecciones presidenciales de nuestros vecinos del norte, se delinearán nuevos escenarios en la relación entre ambos países, ya sea en materia diplomática, económica, migratoria y de seguridad. Incluso en este último rubro, los acuerdos ya no sólo girarán en torno al tráfico de estupefacientes y armamento, sino que ahora el foco estará puesto en cuestiones de seguridad nacional como el narcoterrorismo.
Pero yéndonos por partes y para destacar la relevancia de ambos sucesos, por lo que hace a México, este día los once integrantes de la SCJN debatirán y votarán el proyecto de sentencia presentado por uno de ellos (ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá). En ese proyecto a discutir, el ministro González Alcántara propone reformar la incipiente reforma judicial que ya fue aprobada y publicada. Sobre este particular, hemos escuchado ya a infinidad de expertos donde dependiendo del lado que se encuentren defendiendo (oficialismo u oposición), han vertido argumentos tan contradictorios sobre la reforma judicial que, a final de cuentas, terminan por no ser de gran influencia para el grueso de la población. Con ello me refiero a que más allá del denominado “círculo rojo” donde se mueven las élites políticas, intelectuales y empresarios, para la mayor parte de la población, sus expectativas y posturas sobre la reforma de marras se encuentran definidas en base al divisionismo que impera en el país. Por eso es entendible que si a escaso un mes de su mandato, la presidenta Sheinbaum alcance un 70% de aprobación ciudadana (según encuesta de encuesta de El Financiero); sean esas mismas huestes las que al margen de cualquier razonamiento, defenderán a capa y espada los cambios impulsados por el expresidente López Obrador al poder judicial.
Pero ya si analizamos aunque sea someramente lo que propone el ministro González Alcántara, y que será materia de discusión el día de hoy en el pleno de la Suprema Corte, es posible que su aprobación suponga una especie de punto de equilibrio, entre lo radical de la reforma aprobada y las ambiciosas pretensiones de la exigua oposición política que existe en nuestro país. Lo anterior porque en ese proyecto se mantienen aspectos torales, como la elección mediante voto popular de los ahora nueve magistrados de la SCJN, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y también de lo que sería el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En el mismo sentido y en apego a la política de austeridad, se valida la extinción de los fideicomisos, y del mismo modo se refrenda lo referente a los tiempos o plazos fijados para resolver asuntos en materia penal y tributaria, ya que ello contribuirá a tener una justicia más rápida y expedita. Por el contrario, de los cambios que se proponen, sobresalen entre otras cosas el invalidar la elección popular de todo ese gran universo que son los jueces de distrito y magistrados de circuito; que la fijación de topes salariales no sea retroactiva; y que no se instituya un modelo judicial único a nivel nacional, ya que evidentemente ello va en contra de lo que es un sistema federalista donde persiste la autonomía local.
La gran pregunta entonces es qué pasará si la SCJN aprueba los cambios propuestos en la ponencia del ministro Alcántara. En ese caso, aun y cuando ello supusiera una crisis constitucional por la confrontación de dos de los poderes del Estado, a nivel nacional no habría mayor inestabilidad política ni repercusiones económicas en lo inmediato. Lo anterior considerando que como ya lo sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum, el poder ejecutivo no acataría cambio alguno a lo ya aprobado, bajo la narrativa de que “el pueblo así lo decidió, y no es posible que algunos ministros, aunque sean mayoría, estén por encima del pueblo”. Sin embargo, las repercusiones de ese escenario vendrían del exterior, ya que independientemente de quien gane en EU (Kamala Harris o Donald Trump), a diferencia de lo que muchos puedan creer, la postura de ambos ya como gobernantes no sería muy diferente. Y es que si bien el discurso del pendenciero de Trump es más mediático (ayer lanzó incluso una amenaza arancelaria a Sheinbaum), la realidad es que con cualquiera de los dos, es casi inminente que habrá un endurecimiento de la política migratoria, una mayor presión para controlar el tráfico de drogas y, con el pretexto de la crisis constitucional y la vulnerabilidad del estado de derecho que sin duda traerá el debilitamiento del poder judicial en México, nos impondrán muchas condicionantes en la próxima renegociación del T-MEC que iniciará en 2025.
