Apenas salimos de un proceso electivo cuando ya se nos viene otro, en este caso es la famosa consulta pública o popular que se llevará a cabo el domingo primero de agosto en todo el país, donde los ciudadanos, a manera de un proceso comicial, tendremos la oportunidad de emitir un voto para externar nuestro posicionamiento en torno a una añeja demanda de justicia social.
Ya mucho se ha dicho sobre la necesidad y utilidad de esta consulta, en donde los abogados han manifestado reiteradamente su rechazo, al considerar que es un despropósito pretender supeditar a dicho ejercicio la obligatoriedad de un marco jurídico que se encuentra vigente para hacer justicia.
Sin embargo, al margen de esos debates sobre la viabilidad y pertinencia que este tipo de figuras de participación social pueden llegar a tener, el carácter vinculante que le da soporte a este mecanismo de participación ciudadana, está plenamente establecido en el artículo 5 de la misma Ley Federal de Consulta Popular.
En esta legislación se establece que el resultado de toda consulta popular, validada previa y plenamente por el Congreso de la Unión o la SCJN según sea el caso, será vinculante para los poderes y autoridades competentes, siempre y cuando se logre tener mínimamente la participación del 40% de la lista nominal de electores.
En este caso, por ser de carácter nacional, estamos hablando entonces de que por lo menos deberán acudir a las urnas el 75% de quienes acudimos a votar en la última elección, es decir, poco más de 37 de los 49 millones de mexicanos que sufragaron en los comicios del pasado 6 de junio, en donde se alcanzó una participación de apenas el 52.6%.
En otras palabras, para que esta consulta sea legalmente válida (y sobre todo electoralmente exitosa para el Gobierno de la 4T), se requiere promover el voto de por lo menos 7 millones más de esos electores que llevaron al triunfo a AMLO, y que siguen manejándose como su piso o base social sobre la cual suelen hacerse proyecciones.
Alcanzar esa cifra de participación en un proceso donde sólo habrá dos opciones para expresarnos, ya sea a favor o en contra, es algo que no está del todo garantizado, a pesar de que este tema ha sido muy bien capitalizado por el Gobierno Federal, quien lo ha acotado únicamente a los escándalos de corrupción que dejaron a su paso las administraciones de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Dentro de las circunstancias y factores externos que podrían desincentivar la participación ciudadana, podemos señalar entre otros, la dispersión de las casillas que se instalarán, ya que sólo serán 57 mil casillas, casi una tercera parte de las 163 mil que se instalaron hace exactamente un mes. Aunado a ello, cobra entonces una gran relevancia la capacidad de penetración mediática que pueda llegar a tener la campaña que realizará el INE, donde se tiene contemplado transmitir 377 mil spots en diversos medios y plataformas para promocionar que la gente acuda a esta jornada cívica.
Sobre este punto, hay que considerar otro aspecto que pudiera ser quizá el más determinante, y es el referente a la redacción de la pregunta, la cual fue modificada (por la SCJN) de como originalmente se proponía. Y es que, si bien la campaña del INE deberá convocar a la participación, explicando el propósito y destacando las bondades de este ejercicio en el marco de una democracia participativa; en ningún momento se podrá caer en un acto que genere inducción o predisposición con relación al sentido de la pregunta formulada, la cual hay que reconocerlo, quedó tan ambigua y rebuscada que pareciera estar hecha para que no toda la gente la entienda.
En este sentido y para muchos, la redacción de la interrogante pudiese resultar más comprensible, cuanto mayor sea el nivel y la clase social del destinatario, es decir, que el lenguaje usado pudiese ser más familiar para unos que para otros, en función de su estatus y su preparación o escolaridad. En pocas palabras, pudiera darse el caso de que esa clase media y media alta, esa de más alto nivel académico a los que AMLO ha llamado clasistas y aspiracionistas, sean quienes finalmente pudieran convertirse en el fiel de la balanza, no sólo para obtener y hasta superar la votación mínima que se requiere, sino también para apuntalar el obvio resultado que se espera obtener de la consulta de marras.
De lograrse este primer paso, a partir de ahí se podría entonces estar en posibilidades de establecer mecanismos y tiempos para poder llamar a cuentas a todos a quienes en su desempeño publico hayan cometido irregularidades, incluidos (no únicamente) los expresidentes arriba mencionados.
La pregunta, por si Usted aún no está familiarizado con ella, textualmente dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas? Si nos damos cuenta, para evitar privatizar o particularizar la vinculación de la consulta, la pregunta se generalizó a tal grado que, a cómo quedó, le deja a las Fiscalías el enorme reto de procesar a todo aquel que en el pasado haya cometido un acto que no fue justo (o legal) y/o que hubiere afectado a alguien, una vez comprobado que ello fue producto de las decisiones que tomó o acciones que realizó.
En pocas palabras, que se aplique la Ley y se haga justicia contra todos los actores políticos que en el pasado cometieron irregularidades, incluido nuestro actual Presidente, ya que al momento de la consulta, habrán transcurrido como parte de esos “años pasados” casi la mitad de su gestión.
