DE VIVALES.- Muchos son los casos que se han hecho público de individuos vividores quienes en su haber, han dejado clara evidencia de su modus operandi, lucrando con las necesidades de cientos de personas en extrema vulnerabilidad, quienes en su desesperación por obtener terrenos para edificar sus viviendas, han caído lamentablemente en sus engaños.

Una de estas personas es un sujeto de nombre Marco Antonio García Espinoza. Este abusivo personaje ha sido aprehendido y dejado en libertad por delitos de fraude; inclusive, actualmente siguen abiertas dos carpetas de investigación en su contra en la Vicefiscalía por este mismo delito, derivadas de las demandas interpuestas por pobladores de Costa Rica y Guamúchil. En ellas se denuncia que este autollamado luchador social, les ofreció terrenos en predios invadidos a cambio de una aportación, los cuales nunca les fueron asignados pero tampoco les hizo devolución del dinero, mismo que los afectados lograron reunir hasta vendiendo lo poco que poseían, con tal de hacerse de un lugar para habitar.

En el 2021 pretendió contender como candidato a la alcaldía de Culiacán, abanderando los colores de morena; sin embargo al no lograr su objetivo, en julio del 2022 fue designado delegado político con funciones de Presidente del PRD en Culiacán, cargo desde el cual ha incluso manifestado tener aspiración a un cargo público.

Es necesario que las autoridades volteen a ver los casos de este tipo de individuos, a fin de que se implementen estrategias dirigidas a evitar que se sigan cometiendo fraudes contra ciudadanos, que para colmo, suelen dirigirse hacia los que menos tienen. Por lo pronto el Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, no ha caído en el juego de este individuo que busca presionar azuzando ilusos con marchas y plantones en Gobierno.

DE VIVILLOS.- Como le he reiterado en varias de mis anteriores entregas, de la oportunidad que nos demos de documentarnos un poco sobre los temas de actualidad y relevancia para el país, dependerá si somos rehenes de la desinformación y/o manipulación mediáticas, o si nos volvemos parte de una opinión pública enterada, crítica y reflexiva. Esto lo traigo hoy a colación por un tema de suma importancia pero que aún no hemos sido capaces de dimensionar, precisamente por falta de conocimiento sobre el mismo. Me refiero a la forma irregular y perjudicial como se ha desarrollado la actividad minera en nuestro país, y que hoy se pretende corregir con una Nueva Ley de Minería. Una iniciativa que apenas ha sido presentada por el Ejecutivo Federal y que sin siquiera conocerla a fondo, ya ha sido objeto de descalificaciones, auspiciadas estas por los empresarios de ese ramo que están acostumbrados a pasarse de vivos, subsistiendo de una actividad plagada de simulación, especulación, ilegalidad, injusticias sociales y afectaciones irreversibles al medio ambiente.

Nada más para que nos demos una idea del por qué estos gandallas se están oponiendo a esta iniciativa de una nueva Ley de Minería, diremos que su actividad no es producir sino especular y vender acciones bursátiles de una industria que opera mayormente en papel. Además, de las 195.6 millones de hectáreas que abarca nuestro país, de 1992 a la fecha, con el otorgamiento de 65,534 concesiones para exploración y explotación minera, se entregaron poco más de 117 millones de esas hectáreas, lo que representan cerca del 60% del territorio nacional. Ah, pero por si esa extensión no fuera de por sí misma un exceso, lo más inconcebible es que dichas concesiones afectan 70 de las 142 áreas Naturales Protegidas del país, haciendo además un uso unilateral, indiscriminado y no regulado del agua ubicada en el subsuelo. Y ya como actividad económica, del 2010 al 2018, la minería sólo aportó el 0,9 % del PIB nacional. Usted dirá entonces si es momento de que este negocio que beneficia a unos cuantos, sea por fin regulado por el Estado.