En la actualidad, y sobre todo para los más jóvenes, el teléfono celular se ha convertido casi casi en una extensión de su persona. A donde quiera que volteemos, independientemente de su condición socioeconómica y desde muy temprana edad, siempre hay alguien con un celular en la mano atendiendo una llamada o interactuando a través de las distintas redes sociales.
Nuestra adicción a estos artefactos ha llegado a niveles similares al síndrome del miembro fantasma, donde nuestros sentidos los perciben aún en su ausencia, la cual a su vez se convierte en un martirio por la ansiedad que nos genera. Esta ansiedad ya ha sido incluso bautizada como nomofobia, que deviene de una contracción o crasis que aglutina la expresión anglicista no mobile phone phobia, y que se traduce en un agudo cuadro de estrés cuando, por alguna razón, permanecemos sin el celular, nos quedamos sin carga o no podemos acceder a internet.
Peor desgracia no puede sucederle a nuestros niños y jóvenes que el no estar conectados y al tanto de las novedades, memes, mensajes o comentarios que publican los demás. El problema con esta adicción al uso de los dispositivos móviles ha tocado fondo en muchas vertientes, ya sean de tipo conductual (aislamiento social), axiológico (jerarquización de las necesidades), de seguridad (sobreexposición de información confidencial), o bien de carácter cognitivo (aprendizaje). Sobre esto último cobra relevancia las recientes iniciativas presentadas (por separado) en el Congreso del Estado, tanto por el grupo parlamentario del PRI que lidera el diputado Sergio Jacobo, como por el diputado Gildardo Leyva de Morena, las cuales convergen y coinciden en la necesidad de prohibir el uso de celulares en clase a estudiantes del nivel básico.
Ambas iniciativas, que proponen una adición al artículo 10 de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, argumentan que el factor de distracción que genera el uso del celular en clase es uno de los principales motivos del bajo rendimiento escolar que se está presentando en los planteles escolares. La medida restrictiva se enfoca primordialmente para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya que si bien la edad promedio en que los niños reciben su primer celular ronda los 9.5 años, son muchos los casos donde desde los seis años ya cuentan con uno de estos dispositivos, y de última generación inclusive, ya sea por capricho del menor o por presunción de los mismos padres.
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En los salones de clases siempre ha habido distractores para el alumno, en antaño era el cuchicheo con el compañero, el juguete que se llevaba a escondidas o el simple impulso a realizar garabatos en una hoja en blanco. Pero con el arribo de las nuevas tecnologías, estos distractores han evolucionado y magnificado su impacto, a tal grado que en la actualidad se desarrolla una constante competencia entre el docente y los dispositivos móviles por atraer la atención del alumno.
La adopción de medidas restrictivas en torno al uso de celulares en clase es algo que se viene debatiendo en muchos países; sin embargo, son realmente pocos los que han decidido establecerlo normativamente. Francia es uno los que han tomado esta determinación, donde la prohibición es una medida general y se aplica a menores de 16 años, a quienes les está restringido el uso del celular durante toda la jornada escolar. Casos similares se han dado en Argentina (algunas provincias), España (Madrid) y Puerto Rico, donde incluso en este último país la medida se hizo extensiva no solo para los alumnos sino también para los maestros.
En el Reino Unido aún subsisten fuertes discrepancias que han frenado (entre los países que lo conforman) algunas iniciativas en este sentido. Por otra parte, están casos como el de Italia, que dio marcha atrás a una ley que ya había sido expedida en este sentido, o aquellos como China e India en donde, dado el gran mercado que representan, han optado por buscar alternativas para aprovechar la enorme cantidad de dispositivos móviles que tiene invadida a su población.
En México, aun cuando existen varias entidades interesadas en regular este tema, hasta el momento no ha sido expedida legislación alguna, y solo en algunos estados como Coahuila, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa han sido presentadas formalmente iniciativas de ley ante sus Congresos.
¿Qué hacer entonces, recurrir a la prohibición del uso de dispositivos en clase o promover su uso para explorar nuevas formas de aprender y enseñar? Un caso que ejemplifica esta última opción es Chile, donde contrario a la restricción, se están explorando diversas formas para integrar este tipo de tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Derivado de ello surgió la iniciativa Smart School, la cual incentiva (con un patrocinio) la sustitución de cuadernos por tablets, los pizarrones por pantallas touch y se permite un uso controlado del celular. Trascendentes y oportunas resultan pues las dos iniciativas presentadas en nuestro Estado; sin embargo, lo idóneo sería hacer consultas con los actores involucrados en el Sistema Educativo (autoridades, docentes, alumnos y padres de familia), a efecto de considerar las implicaciones que una medida como esta pueda tener en la brecha digital que existe en los centros educativos (urbanos, rurales, públicos, privados), y valorar si en todo caso es mejor prohibir que orientar.
Reconocimiento. Después de un arduo cabildeo, iniciamos este 2020 con un presupuesto estatal equilibrado y con un claro sentido social. En retrospectiva con lo sucedido hace un año, en esta ocasión se crearon puentes de coordinación entre los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que así como en el pasado criticamos la cerrazón y los choques que hubo; hoy debemos reconocer la madurez, voluntad e inteligencia políticas que demostraron tanto el gobernador del Estado, sus secretarios de Gobierno y de Administración y Finanzas y, por supuesto, los diputados de las distintas fracciones parlamentarias e independientes que aprobaron dicho presupuesto con una amplia mayoría.
