Hace escasamente una semana, ante el Congreso del Estado se apersonaron integrantes de la asociación civil «Vía Familia» y de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), quienes presentaron iniciativas de reforma a la Constitución y a Ley de Educación, a efecto de que sean preferentemente los padres de familia o tutores quienes decidan cómo abordar el tema de la educación sexual con sus hijos.
Señalaron que los libros de texto de primaria y secundaria, presentan contenidos inapropiados para esas edades, sin ningún sustento científico y que además, desvinculan la sexualidad de lo que es la afectividad y la ética.
Aunque muy breve es este espacio para desmenuzar tan complejo y controvertido tema, resulta adecuado empezar por recordar que esta discusión data desde la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867, cuando una vez finalizada la segunda intervención francesa en nuestro país, el Presidente Benito Juárez se dispuso a reorganizar el Sistema Educativo Nacional, masificando su cobertura y redimensionando sus principios liberales.
En esa que fue la segunda Ley que reguló la Educación en nuestro país (la primera fue en 1861), se consagraron los criterios para lograr que la misma fuera democrática, libre, humanista e igualitaria, fundamentos que siguen vigentes en la nueva Ley General de Educación.
Lo anterior nos ilustra sobre lo añejo de este tema, ya que la discusión sobre los contenidos a través de los cuales se aborda la educación sexual, deviene de aquella dicotomía ideológica que, a principios del siglo pasado, confrontó los intereses y visiones entre dos organizaciones, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) de clara ascendencia católica, y la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF), esta última creada por el Estado para garantizar la laicidad y uniformidad curricular.
Desde ese entonces se ha mantenido vigente la disyuntiva entre seguir los preceptos institucionales en la enseñanza de los hijos, o pugnar por el derecho natural de educarlos al libre albedrío de sus progenitores.
Uno de los momentos más álgidos de esta disputa se presentó en 1973, cuando la UNPF publicó un manifiesto a nivel nacional dirigido al entonces Secretario de Educación Pública, Ing. Víctor Bravo Ahuja, recriminándole la decisión unilateral en la conformación de los contenidos de los libros de texto gratuitos, particularmente en dos ellos.
En aquel entonces, la discusión se centraba en el reclamo por la orientación marxista–comunista que según esta asociación tenía el libro de Ciencias Sociales, así como el apartado de educación sexual del libro de Ciencias Naturales, donde a su decir, se enfatizaban o ponderaban los aspectos fisiológicos por encima de los emocionales.
A raíz precisamente de estos desencuentros, el presidente Luis Echeverría expide en ese año (1973) la Ley Federal de Educación, donde se les empieza a otorgar mayor participación a los padres de familia para asegurar una mejor coordinación y diálogo entre todos los integrantes de la comunidad escolar.
Esta controversia sobre la decisión de a quién corresponde la educación sexual de los niños y jóvenes, ha quedado supeditada más a la capacidad de atención que a los conocimientos mismos de quienes se suponen deben impartirla. Y es que hay que reconocerlo, tan difícil es para un docente abordar esta temática y atender las inquietudes tan disímbolas con un grupo de 40 ó 50 alumnos, como lo es también para los padres a quienes el trabajo diario les deja muy poco espacio para ello.
Por otra parte, dentro de esta cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo, donde los menores son nativos tecnológicos natos, el enfoque de esta añeja discusión sobre la paternidad educativa obliga ahora a darle un viraje para lidiar con el hecho que, además de los docentes y los padres de familia, el internet y las redes sociales han entrado con mucha fuerza como una tercer figura, una que se presenta además con mayor accesibilidad para los niños y jóvenes.
La información a la que ahora están expuestos los menores, lejos de contribuir a una formación adecuada, los sumerge en un escenario donde están indefensos a caer en la pornografía y el libertinaje, para lo cual no vemos ningún freno o contrapeso moral. Ante esta situación, si bien es necesario que dentro de su educación sexual los menores conozcan las cosas por su nombre (sin apodos ni eufemismos o rodeos) y que sean conscientes y respetuosos de las diversidad sexual, los padres de familia o tutores tienen hoy una doble responsabilidad, pues no basta con pugnar por su adecuada orientación en los libros de texto, sino más difícil aún, será lograr que dichos contenidos temáticos no sean tergiversados o deformados por todo lo que circula en internet.
El darle a un menor una computadora, un celular o una tableta, es algo que como adultos, nos obligará siempre a estar atentos para supervisar y poder orientar. Es sin duda una gran responsabilidad… pero el esfuerzo bien vale la pena no lo cree Usted?
