Estamos en el noveno día de la vigésima sexta Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), misma que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia, y en donde lo que hemos atestiguado es la manida retórica de los líderes mundiales, quienes no han podido justificar el incumplimiento de muchos de los acuerdos y proyecciones que se han adoptado desde hace ya cinco lustros en que se suscitó el primero de estos encuentros.
Esta situación ha mermado su credibilidad, ya que los compromisos están quedando en simples metas aspiracionistas que a la hora de la hora no se cumplen, lo que ha obligado un replanteamiento de las mismas.
Ahí está el caso de la recalendarización del supuesto financiamiento millonario asignado a países pobres, o bien la readecuación de la última proyección hecha en París hace seis años, donde se acordó reducir antes del año 2030 la emisión de enormes cantidades de CO2 (22 gigatoneladas para ser exactos), y evitar con ello que el calentamiento global sobrepase los 1.5 grados centígrados.
Pero más allá de los acuerdos transnacionales y el manejo geopolítico que se le ha dado a la temática ambiental, existe una serie de problemas locales que urgen atenderse, no sólo por su incidencia en la preservación de los ecosistemas, sino por su consecuente afectación directa a la salud humana. Tal es el caso por ejemplo de la actividad agrícola, misma que si bien es un distintivo para nuestra entidad, aún persisten en ella prácticas letalmente nocivas como el uso excesivo de agroquímicos y las indiscriminadas aspersiones que se hacen de éstos vía aérea.
Es así que mientras a nivel mundial se reformulan los compromisos para combatir el fenómeno del calentamiento global, en países como el nuestro se carece de acciones concretas para atender las múltiples causas de todos aquellos problemas locales y regionales que contribuyen a su expansión.
A nivel regional, por ejemplo, uno de estos factores es sin duda la falta de una adecuada regulación en el uso de plaguicidas. Y es que además de persistir el uso de algunas sustancias consideradas internacionalmente como altamente peligrosas, está también esa tan añeja como mortífera práctica de asperjar todos esos productos químicos sobre nuestros valles agrícolas, la cual está plenamente comprobado que además de ser ineficaz por la cantidad de producto que realmente queda o cae sobre la plaga, representa en cambio un serio problema de salud pública, tanto por la afectación directa a la que se ven expuestos los pobladores de esas zonas, como por las repercusiones que tarde o temprano todos habremos de padecer por la constante contaminación del aire, suelo y mantos freáticos.
Y una de las consecuencias más graves que nos han traído estas prácticas y su falta de regulación, es sin lugar a dudas el elevado índice de casos de cáncer (sobre todo infantil) que se registran principalmente en los valles agrícolas.
Y digo principalmente porque no es un problema privativo de esas zonas, ya que dadas las condiciones climáticas de temperatura y vientos que existen en Sinaloa, la aspersión de los plaguicidas termina finalmente por esparcirse mucho más allá de su área de aplicación. De este modo, cualquiera de quienes habitamos el estado, sin importar nuestra zona de residencia, terminamos en menor o mayor medida siendo receptores involuntarios de estos productos tan nocivos y que son causantes de múltiples afecciones a la salud.
De ahí entonces que siempre ha existido mucha desconfianza por las cifras que suelen manejar las autoridades sobre los casos de cáncer en el Estado, pues tan sólo en el Hospital Pediátrico se puede observar cómo es constante el ingreso de menores por esta causa (80 casos en promedio por año según la propia Secretaría de Salud).
Por si esto no fuera suficiente, según las mismas autoridades de salud señalan que en estos pacientes de cáncer persiste un bajo porcentaje en cuanto a su esperanza de vida, ello debido a que en la gran mayoría de los casos estas enfermedades se diagnostican de manera tardía. Esta situación se agudiza con los trabajadores del campo (entre los que se encuentran menores), ya que son ellos quienes cotidianamente se enfrentan a una serie de adversidades por cuestiones de pobreza, falta de educación, discriminación y constantes violaciones a sus derechos humanos y laborales.
Esperamos que ahora con esta nueva administración del Dr. Rubén Rocha Moya, se le dé a esta problemática la importancia que merece, tanto por las graves implicaciones a la salud y al medio ambiente, como por el debido respeto a los derechos humanos y laborales de quienes trabajan de sol a sol para producir los alimentos que llevamos a nuestras mesas.
Y es que si bien, por una parte, está muy claro que la regulación en el uso de agroquímicos es de competencia federal, existen como opciones ciertos mecanismos de coordinación y de descentralización a los que el gobierno estatal puede recurrir, a efecto de poder asumir ciertas potestades que le permitan una mayor intervención y concurrencia en este rubro, en lugar de andarse como es costumbre tirándose la bolita unos a otros.
FELICITACIÓN. – Aprovechando este tema que hoy abordamos, es oportuno destacar el nombramiento que el Gobernador Rocha Moya le otorgó al académico e investigador Dr. Carlos Karam, como el nuevo Director del Centro de Ciencias de Sinaloa. El Dr. Karam es precisamente uno de los más reconocidos estudiosos en el tema de los agroquímicos e impulsor de mejores prácticas agrícolas, como aquella donde se procura el adecuado acopio que se le debe dar a los envases vacíos de plaguicidas, muchos de los cuales siguen aún siendo depositados en drenes y canales.
