Con el propósito de mejorar la salud de los menores y complementar además los apoyos federales y estatales que se actualmente se están destinando para la mejora de los planteles escolares; muy atentamente me dirijo a Usted señor Gobernador para preguntarle si habría manera de entrarle por fin a regularizar lo que se vende y el cómo se manejan las tienditas en las escuelas.
Y esto Sr. Gobernador, lo traigo a colación por la estela de comentarios que dejó y sigue dejando el Foro “Entornos Escolares Saludables en México”, el cual organizó el mes pasado la Cámara de Diputados (federal), a través de su Comisión de Educación.
En este encuentro, la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Martha Velda Hernández Moreno, señaló que ante los altos índices de obesidad, sobrepeso y consumo de alimentos procesados que registra el país, es urgente que desde las comunidades educativas se trabaje para propiciar que niñas, niños y adolescentes desarrollen estilos de vida saludable.
Esto es algo que hemos escuchado infinidad de veces desde hace varios años, pero que ahora, a raíz del confinamiento por la pandemia, el problema se ha tornado impostergable, toda vez que se han disparado los índices de comorbilidades en menores, asociadas a la desnutrición y malnutrición que padecen, y a su mortal combinación con la inactividad física.
Ante este grave problema de salud pública, la Subsecretaria Hernández Moreno declaró en dicho Foro que “desde la SEP se está actualmente trabajando en romper el ciclo de sedentarismo y mala alimentación en estudiantes, promoviendo el cambio progresivo de mentalidades, culturas y prácticas de la sociedad, lo que conlleva distintas líneas de acción como la nueva propuesta curricular de nivel básico, donde se reconoce la importancia de la salud física y emocional”.
Y es que a pesar de existir unos lineamientos vigentes para supervisar y transparentar lo que se vende y consume dentro de las “tienditas” (como se les conoce tradicionalmente), estas siguen funcionando como un jugoso negocio en manos de quienes no les corresponde, y lo peor del caso, es que las ganancias económicas se anteponen a los criterios nutrimentales que deben prevalecer en lo que ahí se expende.
Es por ello que en la nueva Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre del 2019, se incorporó como facultad de los Consejos de Participación Escolar (antes Consejos de Participación Social en la Educación), “el Promover cooperativas que fomenten estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos, cuyo funcionamiento deberá apegarse a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en su administración”.
Con esta disposición y en tanto no se expidan nuevos lineamientos alusivos a estas Cooperativas o tienditas, oficialmente mantienen aún el nombre de Establecimientos de Consumo Escolar (ECE), en apego a los lineamientos vigentes que para su regulación se expidieron en el 2014 (a nivel nacional) y en el 2015 (a nivel estatal).
Aquí lo trascendente es la potestad que dicha normatividad otorga para el manejo de estos ECE, los cuales deben ser operados por los padres de familia y no manejados o concesionados por los directivos escolares. Y es que a final de cuentas, el dinero que gastan los alumnos en dichos establecimientos, provienen de la bolsa de los mismos padres, por lo que nadie más interesado que estos en procurar que sus hijos no consuman los llamados alimentos chatarra.
Estas potestades que se les han venido otorgando a los padres de familia, no son simples ocurrencias o concesiones sin respaldo, sino un fiel reconocimiento a sus aportaciones y esfuerzos, empezando con el pago de las cuotas voluntarias, las cuales para nadie es un secreto que son más que indispensables para la subsistencia de los planteles. Y así como ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador les confirió la nueva responsabilidad de administrar los recursos del Programa La Escuela es Nuestra, se requiere que también asuman esa facultad legal que poseen para administrar los ECE, cooperativas, tienditas o como les queramos llamar, ya que además de ponderar el aspecto nutrimental, se podrían atender mejor las múltiples necesidades que presentan las escuelas.
Desafortunadamente, los esfuerzos e iniciativas que en el pasado se presentaron para ordenar este tema en nuestra entidad, no contaron con el respaldo debido, por lo que considero oportuno su replanteamiento en el marco de los criterios que sustentan el proyecto educativo y pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana.
