Aún está reciente todo aquel proceso mediático que se vivió con las reformas al poder judicial, mismas que, aprobadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y publicadas en marzo (reformas a la Constitución) y abril (Leyes secundarias), no han arrojado dividendos favorables para combatir la corrupción y los contubernios siguen guiando la actuación de jueces y magistrados. Hoy en día, tanto defensores como detractores de dichas reformas, se olvidaron por completo del asunto desde el momento mismo en que el ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, decidió declinar a la extensión de su mandato, el cual al parecer y desafortunadamente, era para nuestros flamantes legisladores el tema que más les importaba de dichas reformas.
“Que haya tribunales para defender al débil de los abusos que comete el fuerte, esa es la esencia, es lo que más me satisface, que la gente más humilde, los desposeídos, los marginados tengan defensa”, esas fueron las palabras del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador cuando se publicó la reforma constitucional en la materia, misma que dio paso a la expedición de leyes secundarias, como la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una Ley de Carrera para sus trabajadores. Y es que en repetidas ocasiones el mandatario nacional había venido fuertemente fustigando el accionar de jueces, magistrados y ministros, acusando la intromisión de poderes fácticos que los presionan y pagan para obtener laudos a su favor. Incluso dijo que el sistema judicial estaba “podrido”, ya que se permiten “arreglos” para dejar libres a criminales.
A más de un año de haberse expedido estas reformas, nada parece haber cambiado y vemos que sigue habiendo jueces que aprovechan errores en la integración de las averiguaciones previas, a fin de que éstos les sirvan de argucias legales para dictar sentencias favorables a los delincuentes, sin importar la existencia de pruebas suficientes sobre su culpabilidad.
De no verse los cambios prometidos por AMLO con estas reformas, con las cuales se supone buscaría acabar con la corrupción, las ineficiencias y hasta el acoso que se da en el poder judicial; terminaremos por entender que desafortunadamente, lo único que le generaba verdadera molestia y preocupación al Presidente, eran los amparos otorgados por jueces a quienes se oponen a sus obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto o el tren maya.
Entre el mar de violencia que ahoga a nuestro país, la población ya no confía en nadie, pues tanto esas “exhaustivas” y “científicas” investigaciones que llevan a cabo las corporaciones policiacas, así como las resoluciones que dictan finalmente los jueces, suelen estar manipuladas por amenazas y sobornos.
Hasta el momento nada se sabe del actuar de la Unidad General de Investigación que establece en sus artículos 99 y 100 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, misma que se supone será responsable de vigilar el cabal cumplimiento de los servidores públicos de dicho poder con aplicación en todo el país, investigando y recabando evidencias de faltas administrativas que puedan dar lugar a sanciones e inhabilitaciones.
Habrá que ver qué tiene qué decir esta Unidad en torno a los casos de jueces que aquí en Sinaloa han quedado en evidencia por la parcialidad de sus sentencias y que les ha generado una fuerte animadversión social como sistema en general, pues a final de cuentas la gente no distingue si se trata de delitos del fuero común o federal.
Y para no ir muy lejos están las inconformidades públicas de dos casos recientes en Mazatlán; uno es la liberación de una de las implicadas en el intento de robo de la bebé Isabela (de apenas 5 meses) el pasado 7 de julio, y otro es el sonado caso del acaudalado mazatleco Edvin Jonsson Gavica, a quien lo acaban de absolver y dejar en libertad después de ser aprehendido por abuso sexual a menores. Ambos casos dejan una vez más en evidencia y sospecha el actuar del poder judicial, en este caso del ámbito estatal, por lo que la expectativa se centra ahora en la postura que tomará ante estos hechos el Gobernador del Estado, Dr. Rubén Rocha Moya, ya que aun cuando no son asuntos propios del poder ejecutivo a su cargo, ya es costumbre verlo intervenir para resolver problemas o deficiencias que se suscitan y que afectan a los sinaloenses, inclusive si son originados por otros poderes del estado o niveles de gobierno. Esperemos que así sea y que la justicia no se tuerza más, ni por tecnicismos ni mucho menos por componendas.
