La pluralidad ideológica que priva en el poder legislativo, debe erigirse como una condición indispensable para optimizar su productividad, pero ello requiere evidentemente de un mínimo de capacidad y madurez por parte de sus integrantes, a efecto de poder encontrar acuerdos en los disensos y evitar caer en radicalismos o maniqueísmos.
Sin embargo, los apetitos y protagonismos personales obstaculizan en muchas ocasiones las vías de coordinación y ralentizan el desempeño de ese poder, el cual a través de sus legislaturas hemos sido testigos de cómo se siguen acumulando iniciativas que quedan marginadas o congeladas. Por otra parte, podemos ver como en el trabajo parlamentario se anteponen criterios cuantitativos que ponen en evidencia la calidad de muchas de sus iniciativas presentadas. Es así como en muchas ocasiones, y en aras de liderar una engañosa productividad, suelen fraccionarse o subdividirse las iniciativas, muy a pesar de abordar temáticas, objetivos y hasta articulados afines.
Además, es común también el observar iniciativas que más que a una realidad aplicable, aluden a escenarios poco factibles o bien sin ningún sustento presupuestal, lo que les hace perder objetividad y quedar simplemente al nivel de una entelequia que sólo busca atraer reflectores.
Lo anterior deja muy en claro que a pesar de existir 40 escaños en el Congreso Local, siempre es un reducido grupo de legisladores los que llevan la batuta y desquitan su sueldo, diferenciándose de aquellos(as) a los que les pasa de noche su pertenencia a determinada legislatura.
En contraparte, hay ciudadanos y organizaciones civiles que suelen participar en la formulación o actualización de nuestro andamiaje normativo, donde sobresalen iniciativas de enorme contenido humanista y utilidad social. Muestra de ello es la que se presentó hace ya más de un año el Patronato del Banco de Alimentos de Culiacán IAP, a través de su Director y Representante Legal, Lic. Daniel Tapia Sánchez. Esta iniciativa, denominada “Ley de Combate al Desperdicio de Alimentos y a la Inseguridad Alimentaria en Sinaloa”, cobra suma relevancia en estos momentos donde la crisis a nivel mundial por la escasez de alimentos, ha obligado a muchos países, incluido el nuestro, a voltear a ver mecanismos para impulsar el autoabastecimiento interno de productos, y tratar así de contener el índice inflacionario y combatir el grado de pobreza alimentaria en que se encuentran millones personas.
A nivel nacional, el compromiso de nuestro país dentro de la tan llevada y traída Agenda 2030 (adoptada por los países miembros de la ONU), es erradicar la pobreza extrema en sus distintas variantes, donde la inseguridad alimentaria es por mucho la más lacerante. Para ello, se tendría que sacar de esa condición de vulnerabilidad a un promedio de ocho millones de personas cada año, lo que a estas alturas se antoja casi imposible. Es por estas razones que más debe valorarse el trabajo que llevan a cabo los Bancos de Alimentos, los cuales tienen filiales en toda la República y en nuestra entidad se ubican en Culiacán, Mazatlán, Ahome y Salvador Alvarado.
De acuerdo a lo expresado por la Red de Bancos de Alimentos de México, En nuestro país ya rondamos en los 29 millones de personas en inseguridad alimentaria, lo que en una cruel paradoja, contrasta con el hecho de cada minuto los mexicanos desperdiciamos 42 mil kilos de alimentos perfectamente aprovechables. Y en esto aunque en mayor o menor medida, todos tenemos una aportación, ya sea desde los mismos campos agrícolas donde se producen, hasta las cadenas que los comercializan, sin dejar de considerar por supuesto el desperdicio que hacemos en nuestros hogares. Con esta iniciativa de Ley presentada por el Banco de Alimentos, se fomentarían y regularizarían los donativos, se consolidaría una cultura altruista, se focalizarían los segmentos a beneficiar y se precisarían los incentivos fiscales para donadores. ¡Ojalá se le dé luz verde!.
