Después de haber pasado por las etapas más críticas de la pandemia, hemos llegado a un momento en el que las condiciones resultan más que propicias para un regreso total y obligatorio a clases presenciales. Sin embargo, es evidente que lograr este cometido requiere de un esfuerzo conjunto donde se requiere la colaboración de todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, sin excluir la participación de ningún orden de gobierno, sea federal, estatal o municipal.
Esto lo traigo a colación por las recientes declaraciones que vertió públicamente el alcalde mazatleco y que en cierta forma han sido replicadas con anterioridad por sus homólogos, no sólo de nuestra entidad sino de todo el país. En sus propias palabras y en torno al caso de una escuela en Villa Unión donde colapsó una de sus aulas, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez dijo que él, como autoridad municipal, no tiene la obligación de atender y apoyar este tipo de percances, ya que ello le corresponde a la Federación o al Estado según sea el tipo de plantel educativo del que se trate.
Lo anterior no deja de ser una verdad si consideramos que el segundo párrafo del artículo 123 de la Ley General de Educación, obliga únicamente a las autoridades federal y estatales a incluir recursos específicos en sus proyectos de presupuesto para atender el renglón educativo. No obstante, lo anterior no exime a las autoridades municipales a contribuir en la mejora de la calidad educativa de los planteles ubicados en su circunscripción territorial, sobre todo lo concerniente con su infraestructura y equipamiento. Esta misma Ley, en su artículo 105, deja muy en claro que “para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad”. Cabe destacar dos términos relevantes del párrafo anterior, donde se asienta la “concurrencia” intergubernamental y el carácter “voluntario” de la cooperación por parte de los padres y madres de familia.
Es ante esta asignación de potestades que nos preguntamos muchas veces para qué quieren los ayuntamientos una estructura operativa exclusiva en materia educativa, que en muchos casos son demasiado obesas (como si aún existiese como en antaño personal docente subvencionado y manejado por el municipio), pero que sólo atienden funciones adjetivas o complementarias del Sistema Educativo y le rehúyen a comprometerse con acciones sustantivas que bien podrían ser esenciales, si consideramos para ello las repercusiones directas que dichas acciones pueden llegar a tener sobre su contexto social. Ejemplo de lo anterior podría ser la relación entre deserción escolar y el aumento de la delincuencia, o bien entre la ausencia de una participación comunitaria activa y las consecuencias de un desapego axiológico que caracteriza muchas de las actitudes de nuestros niños y jóvenes de hoy en día, en donde se ha perdido el respeto a la autoridad, a la figura del maestro y hasta a la vida misma.
El rubro educativo es pues una asignación de responsabilidad compartida y mal se ve una autoridad de cualquier orden deslindarse del tema. Es aquí donde cabe la pertinencia del oficio y la sensibilidad políticos que debe prevalecer en un gobernante, cualidades que pueden darle realce o de plano deslucir una administración.
Y en cuanto a la contraparte oficial, quienes nunca se han deslindado de contribuir son los padres y madres de familia, pues para todos es sabido que sus aportaciones han sido esenciales en el funcionamiento de las escuelas públicas. De ahí la importancia de que como autoridades educativas, los responsables de todos los niveles y tipos de educación, estén atendiendo puntualmente las demandas de los padres de familia, más ahora que debe existir una plena coordinación con ellos para la adecuada instrumentación del programa “La Escuela es Nuestra”.
