El viernes próximo pasado, en el Congreso del Estado se celebró una sesión extraordinaria donde el revanchismo político volvió a definir el rumbo de una iniciativa, en apariencia muy noble, pero cuyos excesos dejaron entrever una vez más que la animadversión sigue privando sobre la razón. Hablamos de un dictamen que en esencia representaba un aporte más para consolidar la división de poderes, pero que terminó por desecharse ya que en su contenido se incluían paradójicamente elementos cuya intención era precisamente socavar dicho principio constitucional.
En esta ocasión, el dictamen que se subió a votación del pleno iba en el sentido de reformar el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, por lo cual se requería de una mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los 40 legisladores. De hecho, lo que mediática y anticipadamente se estuvo manejando como propósito de esta iniciativa, era el eliminar el llamado “veto de bolsillo”, algo que representa una añeja demanda política para acabar con esa estrategia a la que han recurrido los mandatarios, con el propósito de evitar o por lo menos, dilatar al máximo posible la publicación (en el Periódico Oficial del Estado) de un decreto legislativo.
Hasta ahí, pareciera que la iniciativa llevaba un sentido propositivo para fortalecer la separación de poderes, específicamente en cuanto al proceso legislativo que se sigue para una pronta y expedita promulgación de las leyes o decretos que son aprobados por el Congreso. Sin embargo, el dictamen a discusión evidenciaba también una serie de excesos que, de haberse aprobado, hubieran acotado las potestades constitucionales de los otros poderes y hasta de los ayuntamientos, lo que irremediablemente nos llevaría a una serie de controversias constitucionales.
Eliminar el tan controvertido y vilipendiado veto de bolsillo, era de entrada una iniciativa que movía al consenso, y que muy seguramente no hubiese enfrentado resistencia alguna de parte de ninguno de los grupos parlamentarios, algo que como Legislatura, les hubiese granjeado inclusive un enorme reconocimiento social. El asunto fue que en el dictamen se incluyeron disposiciones que a todas luces trastocan el arreglo que define la configuración del Estado. Y es que en con esta intentona se pretendía también eliminar el derecho que tiene el Poder Ejecutivo para realizar observaciones a las resoluciones que, a través de su Comisión de Fiscalización, tiene a bien emitir el Congreso sobre los informes generales e individuales que les hace llegar la ASE en su labor de revisión de las cuentas públicas.
Del mismo modo, se pretendía silenciar la voz de los ayuntamientos y de los poderes ejecutivo y judicial, quienes como instancias constitucionalmente establecidas, no sólo pueden sino que deben ser partícipes de ese derecho de audiencia, el cual les permite exponer sus argumentaciones y todo lo que a su derecho convenga, cuando se dé una discusión legislativa en donde se aborde cualquier asunto que les competa y afecte.
Así pues, una vez más las fobias e intereses partidistas tergiversaron lo que pudo haber sido una buena iniciativa, y terminaron por configurarla como un mensaje de fuerza con dedicatoria a los otros poderes. Ojalá que este asunto no descarrile la construcción de acuerdos que se había venido consolidando en el Congreso, donde incluso se logró consensuar una agenda común con los temas de mayor interés y beneficio para los sinaloenses.
PROCURADURÍA AMBIENTAL.- Y hablando de iniciativas de utilidad y verdadero sentido social, dentro de esa Agenda Común Legislativa se encuentra precisamente incluida la creación de lo que sería una Procuraduría Ambiental para nuestro estado. Para que esta nueva dependencia no quede también trabada en su discusión o, en el peor de los casos, que sea aprobada pero destinada a quedar como letra muerta; es necesario que los legisladores retomen a conciencia las propuestas de los expertos en el tema, a efecto de que definan claramente sus atribuciones y potestades. Ante los serios problemas ambientales que padece nuestra entidad, la actuación de esta procuraduría representa el eslabón que nos hace falta para sancionar y disuadir a quienes se aprovechan tanto de la inaplicación de las legislaciones ambientales, como de las controversias que genera la ausencia de una política clara de descentralización en la materia.
