El viernes próximo pasado se dictaminaron por fin (en comisiones) las reformas que estaban entrampadas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Para dimensionar la magnitud y los beneficios que traerá la adecuación a este marco normativo, es necesario conocer a fondo la situación que en realidad existe en este tan importante rubro, el cual ha sido un distintivo en la presente Administración.
Con este dictamen de reformas, el cual seguramente será aprobado sin ningún problema por el pleno de la LXIII Legislatura, se modifica prácticamente la mayor parte de la Ley vigente, misma que fue expedida hace apenas cuatro años. Sin embargo, durante el 2017 y 2018, la anterior Legislatura realizó reformas a este marco normativo, lo que vino a fortalecer la operatividad del Gobierno del Estado en este rubro y lograr, a través de la reactivación de su Organismo Público Descentralizado denominado Precasin (Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa), implementar un ambicioso programa de rehabilitación, conservación y mantenimiento, tanto en la red carretera estatal (4200 km), como en las vialidades urbanas de los municipios.
Con las reformas antes referidas, si bien se liberó la contratación de obra por administración directa en sus conceptos de conservación y mantenimiento viales, se mantuvo dentro esta vertiente de adjudicación, para el caso de obra nueva, el límite ya establecido para proyectos no mayores a las 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Como resultado del eficiente trabajo desarrollado por el Precasin en los últimos dos años, resurgieron algunos intereses y se formularon conjeturas distorsionadas sobre los alcances en el funcionamiento de esta paramunicipal. Ante ello, las propias autoridades en la materia, demostraron, en base a cálculos del presupuesto total acumulado para obra pública durante los dos primeros años, que el porcentaje que Precasin absorbía para trabajos de conservación y mantenimiento, superaba apenas un 7 %.
Con esta premisa, surgió la propuesta de reformar la Ley Estatal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de restringir la operatividad del Precasin. La iniciativa, además de cancelar la posibilidad de ejecutar obra nueva, suponía también limitar los trabajos que esta paraestatal ha venido haciendo en materia de conservación y mantenimiento. La intención era clara: fijarle como tope un porcentaje específico (6 %) del presupuesto total anual para obra pública.
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Finalmente, se logró acordar que Precasin ya no ejecute obra nueva; sin embargo, la segunda restricción que se proponía, simple y sencillamente no prosperó, ya que ello hubiera venido a interrumpir la continuidad del programa integral de rehabilitación de carreteras y vialidades en la entidad. Con estos trabajos, se le ha cambiado la fisonomía urbana al estado, representando con ello un verdadero salvamento para los municipios, a los cuales se les ha venido apoyando sin distinción alguna.
Para entender la improcedencia de semejante propuesta, y desde una lógica muy clara, resulta más que evidente que la conservación y mantenimiento de vialidades no puede depender o proyectarse en función de porcentajes preasignados, sino de las necesidades que van surgiendo por su desgaste natural o deterioro ambiental.
Además, está el hecho más que comprobado de que al hacer uso del Precasin para estos trabajos, se optimizan considerables recursos que a su vez se pueden redireccionar para rehabilitar más vialidades. Como ejemplo de ello, podemos referenciar el hecho de que esta paraestatal, además de contar con maquinaria propia, genera ahorros de casi un 70% en los denominados gastos indirectos (administrativos, de supervisión, transportación, etc.) que conlleva toda ejecución de obra.
Por esta razón, resulta insoslayable reconocer el enorme mérito de quien encabezó estos trabajos, la Dip. Flora Isela Miranda Leal, quien más allá de filias y fobias, actuó con mucha inteligencia, responsabilidad, prudencia y capacidad de cabildeo. En el mismo sentido, cabe destacar la apertura y disposición total que tuvieron durante todo el proceso, tanto el ya reconocido y muy eficiente secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, como los diputados Graciela Domínguez Nava y Sergio Jacobo Gutiérrez. Estos últimos, en su carácter de coordinadores parlamentarios, han resultado ser una especie de horcones que soportan todo el andamiaje que se ha logrado ir construyendo con acuerdos de altura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
