“En 2018, la paz en México tuvo un retroceso de 4.9%; el nivel de paz mejoró en 10 estados, y en 22 se deterioró. La razón principal de ese deterioro fue el recrudecimiento de la tasa de homicidios, que se elevó 14%.»
«En 2018, esta tasa alcanzó en México niveles históricamente altos: 27 muertes por cada 100,000 habitantes.”
(También hubo)… «un aumento considerable en la tasa de violencia con armas de fuego, que creció 16% y provocó que 24 de los 32 estados reportaran crecientes tasas de delitos cometidos con ese tipo de armas.”
Estos son dos párrafos del resumen del “Índice de paz México 2019” que replica la metodología del Índice Global de Paz y que fue dado a conocer esta semana.
Una causa central del incremento de la violencia es la baja inversión en el sistema judicial.
El documento señala: el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial como porcentaje del PIB, es apenas la mitad del promedio de los demás países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunado a ello, únicamente en 7% de los delitos se abrieron carpetas de investigación en 2017 y menos de 3% terminaron en una sentencia, lo que arrojó una tasa de impunidad de 97%.
Reporta, también, que los estados registraron en 2017 una mediana de 110 elementos de seguridad pública por cada 100,000 habitantes. Esta proporción representa menos de la mitad del promedio del resto de América Latina. México tiene tan sólo 3.5 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio global de 16. El déficit de jueces se traduce en que menos casos vayan a los tribunales y contribuye a que haya bajas tasas de condenas.
La tasa de crímenes de la delincuencia organizada se elevó 11.6% en 2018. En dicho año, tanto la extorsión como los delitos de narcomenudeo también aumentaron.
El deterioro de la calificación se compensó en parte por las mejoras en las tasas de secuestro y trata de personas. Este indicador mejoró en los estados fronterizos de Sonora, Tamaulipas y Coahuila.
El impacto económico de la violencia en México ascendió a 5.16 billones de pesos en 2018, 10% más que en 2017 y equivalente a 24% del PIB del país. Si la violencia y su respectivo impacto económico se redujeran al nivel registrado en los cinco estados más pacíficos, mejoraría la economía en 10 billones de pesos.
Así mismo, hay datos que indican mejoras:
El número de agencias del Ministerio Público se incrementó 8% y la proporción de Ministerios Públicos que cuentan con especialistas en delitos “graves”, como homicidio y violación, ha aumentado de 15% a casi una tercera parte de las agencias desde 2016.
El presupuesto per cápita de los Ministerios Públicos estatales se incrementó 20% en el mismo periodo, y el personal de las procuradurías generales de justicia estatales creció 3% en los dos últimos años.
El número de personas privadas de la libertad sin una sentencia condenatoria es el más bajo desde 2006.
La tasa de delitos con violencia mostró una mejora marginal en 2018, luego de un fuerte deterioro en 2017.
También ha avanzado el nivel educativo: más de 77% de los adolescentes mexicanos se inscribieron en la escuela secundaria en 2016: un aumento de casi 9 puntos porcentuales desde 2011.
Baja California Sur tuvo la mayor mejora de calificación, ya que su tasa de homicidios se redujo en 76% al pasar de 104.5 a 26 homicidios por cada 100,000 habitantes. Guanajuato registró la calificación general con el mayor deterioro, debido a que su tasa de homicidios se incrementó 127% en 2018.
También Sinaloa logró sacar su tasa de homicidios de la categoría “extrema” el año pasado, al mejorar en 28%. Ahora su tasa se considera “alta”, con 36.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Yucatán tuvo la tasa de homicidios más baja de todos los estados de México en 2018, con 2.52 por cada 100,000 habitantes.
La fórmula de baja y deficiente inversión en el sistema judicial, en los cuerpos de seguridad pública y en la prevención de delitos ocasiona impunidad.
La impunidad es el incentivo mayor de la delincuencia.
Este es un esquema excluyente de quien no puede comprar seguridad privada y accesos al sistema de impartición de justicia.
Los datos muestran que a todos nos afecta la violencia y que hay causas que se eliminarían con una mayor y mas eficiente inversión gubernamental.
