El Diputado del Partido del Trabajo (PT), Mario Rafael González Sánchez, de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, presentó una iniciativa que propone adicionar un párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, con el objeto de mejorar y proteger las condiciones comerciales y laborales de los vendedores ambulantes que corren el riesgo de ser víctimas del abuso de autoridad, al retirar su mercancía arbitrariamente, sin una orden previa ni siguiendo los debidos procesos legales y administrativos al ser removidos del espacio público en donde realizan su actividad.
Reconociendo que aunque no todos los vendedores ambulantes cuentan con los permisos necesarios que establecen los reglamentos internos de los ayuntamientos sobre el comercio en la vía pública, esto no representa un motivo para retirar sus productos cuando los remueven de su lugar de trabajo y más grave aún si se presenta a través del abuso de autoridad.
«Las autoridades municipales, a través de sus oficialías y el personal de Inspección y Vigilancia a su cargo, recurren en ocasiones al decomiso del producto de los trabajadores que honestamente realizan su labor cotidiana para el sustento propio, sin embargo, no siempre realizan los protocolos necesarios para regresar lo decomisado», agregó.
El Capi González aclaró que es responsabilidad de los ayuntamientos proveer las condiciones para que los vendedores ambulantes no sean víctimas de este tipo de actos injustos. Lamentablemente no existe un artículo o fracción que prohíba, a las autoridades locales, el retiro ilegal de los productos de los vendedores ambulantes o que por lo menos respeten su mercancía y se les capacite, apoye y asesore para cumplir con las normas y permisos correspondientes para la venta reglamentada en la vía pública.
Es por esto, la necesidad de agregar un párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en donde “queda prohibido el retiro injustificable de mercancía para aquellos que no cuenten con los permisos necesarios de venta en la vía pública, desobedeciendo los procedimientos administrativos que regulan su venta, de lo contrario, se estaría cometiendo acto de abuso de autoridad”.
La propuesta presentada otorgará, al vendedor ambulante mayor protección ante el abuso de autoridad que atente contra el retiro injustificado de sus productos y además se castigará a toda autoridad que abuse de su poder para cometer dicho delito, tipificados en el Código Penal del Estado de Sinaloa.
