La Diputada Cecilia Covarrubias González, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa, manifestó que de acuerdo con el artículo sexto constitucional, toda la información en posesión de cualquier autoridad debe ser sometida a su máxima publicidad; por lo que, en atención a esa disposición constitucional, fue reformada la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Agregó que de esa forma se ordenó al Poder Judicial Federal y al Poder Judicial de los estados que publiquen y actualicen las versiones públicas de todas sus sentencias emitidas, según decreto publicado el pasado el 13 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.
Covarrubias González aclaró que el artículo tercero transitorio del mencionado decreto dispuso un plazo de 180 días, contados a partir de su publicación, para que los congresos locales realizaran las adecuaciones normativas correspondientes, aunque ciertamente el artículo segundo transitorio de la reforma ya precisa el mismo plazo para que los poderes judiciales locales inicien la publicación de las versiones públicas del texto íntegro de sus sentencias.
Añadió que la transparencia de información relacionada con el funcionamiento administrativo del poder judicial carece de utilidad social si no se cuenta con la información vinculada a sus funciones jurisdiccionales, y por tanto, las sentencias judiciales -por la información que contienen- son de interés público y relevancia social, pues ahí se plasma la función principal del juez, razón por las que la transparencia en el Poder Judicial permitirá que los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía observen, monitoreen y controlen la actividad judicial
La Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, afirmó que de esta manera se pondrá al descubierto la corrupción judicial, además de que también permitirá evaluar el correcto funcionamiento, permanencia y adecuado ascenso en la carrera judicial de las personas impartidoras de justicia, y frenar así la corrupción, el amiguismo y el partidismo.
«Con ese mismo sustento, el dictamen que hoy aprobaremos reforma con iguales propósitos la fracción II del artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa», finalizó.










