La Diputada Mónica López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa, manifestó que tanto en comisiones como en el Pleno, han actuado con estricto apego a la legalidad, en el marco del Estado de Derecho, convencidos de que la sensatez, la fortaleza de la vida institucional y el rigor profesional en las deliberaciones, nos habría de conducir a decisiones más adecuadas.
Tal ha sido la actuación de la Bancada del PRI, y debemos decir que estamos profundamente orgullosos de ello, con la convicción plena de que nos asiste la razón, y de que la transgresión del orden legal, que todos estamos obligados a respetar, no puede sino conducirnos al oscurantismo político, a la instauración de un clima de intolerancia en nuestras relaciones políticas y sociales.
Queremos alertar contra el método preferido por algunos de los integrantes del grupo mayoritario en esta Legislatura, actuando de manera facciosa, se apeló al innoble expediente, aprovechando su mayoría, de la falacia, la violentación de la legalidad, el desconocimiento del marco institucional y las más burdas maniobras y retorcidas interpretaciones de la ley.
La revisión de las cuentas públicas, de todos los entes auditados fue un permanente acto de ilegalidad, que quedará como macula en la historia del Congreso de Sinaloa. Lo que hemos observado aquí, en esta Legislatura, es una radical resistencia al cambio. Se ha preferido mantenerse anclado en el pasado, reeditar las viejas pulsiones autoritarias y revanchistas, tal como se hizo en la revisión de las cuentas el año pasado.
Lo que quieren algunos integrantes de esta Legislatura, es tener todo bajo control, que nada se haga sin su consentimiento. Quieren una subordinación total, porque esa es su cultura. Así se han formado en la cultura de la línea, en actitud acrítica, para los que la legalidad es una cosa que estorba y hay que violentarla cuantas veces sea necesario.
No está de más decirles, recordarles, hasta que lo puedan internalizar debidamente, que hay plazos que no podemos violentar impunemente. Ahí está el plazo del 31 de octubre, repito, 31 de octubre, para analizar, verificar y reevaluar toda la información, a fin de que se pueda asumir que los datos de la auditoría adquieran solidez mediante un dictamen final.
