“Lo que buscamos es que con estas reformas las y los ciudadanos ganen, que tengan la certeza de que tendrán obra de mayor calidad, y obras que sean concluidas, que no queden ahí y que pasen años sin que llegue el desarrollo”, señaló la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, en referencia a las reformas aprobadas por unanimidad y con el consenso social a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La diputada resaltó que las reformas aprobadas favorecen la transparencia en la inversión en obras públicas y la calidad de las mismas, además de ampliar la participación de cámaras empresariales, constructores, colegios de profesionistas y ciudadanos, gracias al mecanismo de Parlamento Abierto. “Ahí –dijo– se empezó a crear ese espacio para que todos los interesados se involucraran con sus propuestas”.
Gracias a esa alta participación, señaló que la reforma aprobada llevó prácticamente a tener una nueva ley, ya que se modificaron cerca de 100 artículos. Destacó que esta reforma es gracias a los nuevos tiempos y para que estos cambios se hicieran, se logró el consenso con todas las fuerzas políticas. De las principales modificaciones a le ley, la diputada Graciela Domínguez precisó que se buscó la mayor transparencia en todo el proceso de contratación y ejecución de la obra pública.
Se desapareció, dijo, el concepto de obra pública por invitación a tres empresas, al analizar que ese proceso implicaba mucha simulación y que al final de cuentas se terminaba favoreciendo de manera discrecional a determinada empresa, y ahora se favorece la licitación pública. También, agregó, se amplía la participación de testigos sociales y se consolidan los Comités de Obra Pública, que jugarán el rol de vigilancia y estarán coadyuvando en la supervisión de la obra pública.
Precisó que se le dan más atribuciones a los testigos sociales para que incluso sus observaciones puedan ser vinculantes y que puedan participar desde que inicia la convocatoria, supervisen la ejecución y conclusión de las obras. “También buscamos que todas las obras públicas puedan ser aprobadas en un Programa Anual de Obra Pública por el Congreso del Estado cuando se trate de obra estatal, y por los cabildos, cuando se trate de obra municipal”.
Domínguez Nava advirtió que se establecen sanciones de tipo administrativo para las autoridades que no acaten la ley, así como sanciones para el empresario que no cumpla con el contrato. También, añadió, se buscó un esquema para que haya mayor equidad en la participación de las empresas para la licitación, y se incluye que de acuerdo a ciertos montos de obra pública, se dé preferencia a las pequeñas y medianas empresas. Ello, explico, para que no haya lo que todos conocemos como una especie de privilegios para las grandes empresas.
