La fiscalización y la rendición de cuentas es algo en lo que todos debemos estar de acuerdo, ya que a través de ello se combate la corrupción y se logra un mejor uso de los recursos públicos. Muchos de los debates que se han presentado en este Congreso sobre el tema de la fiscalización tienen que ver más con cuestiones de forma que de fondo.
En esta ocasión quiero poner en la discusión, precisamente, una cuestión de forma, pero que nos impide analizar adecuadamente el fondo. Es decir, la pregunta es, ¿Cómo votar un dictamen que incorpora a dieciséis entes públicos de tanta diversidad, con una naturaleza administrativa muy diferente y con resultados en las auditorías tan variados?
Es decir, tenemos entes de la administración pública estatal como la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, Instituto Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y Servicios de Salud de Sinaloa.
A la vez que en el dictamen se incorpora a Entes Públicos Municipales como las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, de Ahome, de Navolato, de Guasave, de Mazatlán y de Rosario. Mientras que también se incluye al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, a la Universidad Autónoma de Occidente y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, los cuales son entes autónomos y que su administración no depende ni de Gobierno del Estado ni de los municipios.
Por lo que considero que no es viable calificar con nuestro voto, en un solo dictamen que incorpora a diversos entes que sabemos que tienen muchos años con problemas financieros muy serios, como lo son algunas juntas de agua potable, mientras que también hay otros entes cuyos resultados de las auditorías los ponen en una posición responsable en su administración de recursos.
Entonces, cuando emitamos nuestro voto, si fuera a favor de rechazar la aprobación, estaríamos castigando a entes cuya evaluación es positiva; mientras que, si votamos en contra del rechazo de la aprobación, estaríamos premiando a entes cuya administración es históricamente mala. Es por ello, que considero conveniente que este dictamen se regrese a la Comisión y se elabore uno nuevo por cada ente público, para que así el voto que emitamos los diputados sea realmente justo.
