En la comparecencia de la Auditoria Superior del Estado, que se realizó este viernes ante el Congreso, la titular Emma Guadalupe Rivera, se limitó a señalar posiciones que buscan negar la responsabilidad legal que tiene como órgano encargado de la investigación y elaboración de expedientes sobre la observación de irregularidades en las cuentas de los organismos públicos, señaló la Diputada local Victoria Sánchez.
“La Auditoría tiene la obligación irrenunciable de salvaguardar todas las pruebas, ir al fondo de los hechos, nutrir con ellos el expediente y presentar las denuncias y querellas correspondientes ante la Fiscalía, para que en el uso de sus propias facultades pueda iniciar el procedimiento”, dijo Victoria Sánchez en rueda de prensa posterior a la comparecencia.
La legisladora de Morena señaló que no basta con entregar la documentación correspondiente ante las autoridades de procuración de justicia, sino que además, es su deber darle seguimiento a dicho proceso, estar a las órdenes de la fiscalía como parte, para ampliar o entregar pruebas e informar al Congreso sobre la situación actual de dichos procedimientos.
“La ASE ha abusado de los plazos y de su participación en la investigación de hechos que públicamente se han mostrado como irregulares”, como el caso del IPES y el ISSSTESIN, donde es de conocimiento público que las aportaciones al sistema de pensiones del Estado de Sinaloa realizadas por los trabajadores y retenidas por las autoridades responsables nunca fueron entregadas a los fondos de pensión.
“La dilación en la elaboración de las denuncias y querellas correspondientes, es un factor que influye sobre los procesos de judicialización de los hechos que constituyen actos de corrupción, ya que aunado al retraso que existe en la entrega de resultados de fiscalización de la cuenta pública, logra como resultado, que se deba optar por la prescripción de los asuntos por parte de la propia Fiscalía”, dijo.
La Diputada dio a conocer que desde el 2017 a la fecha la ASE, presentó 18 denuncias de las cuales cuatro ya han sido judicializadas, que son los casos de Salud, turismo, el tiburonario y el reciente caso de finanzas.
