La Diputada Roxana Rubio Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa, manifestó que es injustificable la situación por la que está atravesando la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del delito en materia presupuestal, a la en 2019 se aprobaron 10 millones de pesos para el Fondo que contempla el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el cual tiene como destinatarios a las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
Rubio Valdez lamentó que dicho recurso jamás fue suministrado y para el ejercicio fiscal 2020, nuevamente se aprobaron 10 millones para el citado fondo, sin embargo, como se ha denunciado públicamente por el Comisionado, Óscar Fidel González Mendívil, los recursos autorizados por el Congreso del Estado tampoco se han entregado, lo cual trae como consecuencia una grave violación a lo determinado por esta Soberanía, pero más aún, en detrimento grave de las víctimas, por lo que estamos ante la configuración de una violación a los derechos humanos por parte del Ejecutivo del Estado.
Agregó que en México nos encontramos en una etapa muy violenta, en un sexenio en el que la estrategia contra la violencia no está teniendo resultados; lamentablemente suman a las estadísticas de víctimas del delito a cientos de familias. El resentimiento social que genera la falta de atención a este sector va permeando lo más profundo de nuestro el tejido social, lo que nos desencadena otro tipo de problemas, como el 17 de octubre de 2019, el llamado jueves negro.
«Muchos ciudadanos de Culiacán perdieron vehículos y seres queridos a manos de la delincuencia, esas personas afectadas tenían el derecho a ser atendidas pero como no se entregó el recurso por parte del ejecutivo a la Comisión, no se integró el fondo, es decir por no haberse suministrado el recurso que nosotros en este congreso autorizamos, no se les pudo atender a las víctimas y nunca se les reparó el daño, eso es muy lamentable».
El Ejecutivo del Estado, no puede continuar conduciéndose de una manera irresponsable en un tema tan sensible y doloroso, como lo es la condición de las personas que sufren por un hecho delictuoso y acuden al Estado, para hacer valer sus derechos de víctimas, terminado victimizadas una y otra vez ante la falta del apoyo al que tienen derecho.
Aquí no se trata de voluntad política, por lo que hacemos un exhorto al Ejecutivo del Estado, para que a la brevedad se otorguen los recursos aprobados por esta Soberanía para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. No hay excusa que justifique el incumplimiento con esta obligación que toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad, las víctimas de delitos de nuestro estado.
No se vale que se destinen recursos públicos a estadios deportivos, cuando existen muchas obligaciones de carácter constitucional, como lo es el garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos. Por ello, no más excusas, no más omisiones ante profundo sufrimiento de las personas, familias o comunidades que han sido víctimas de delitos.
