Ante la voracidad de los acopiadores y propietarios de los depósitos de stanes, el grupo legislativo del PRI en el Congreso de Sinaloa propuso tipificar como delito la imposición de cuotas obligatorias para el manejo del grano, así como la falta de pago oportuno de las cosechas, imponiendo sanciones administrativas o económicas a quienes incurran en ello, tomando como base el volumen afectado.
El Coordinador de la bancada, Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, acompañados por varios dirigentes agrícolas, enfatizó que la propuesta busca poner fin a la imposición y unilateralidad con que actúan algunos empresarios, imponiendo cuotas y pagando cuando les da la gana, abusando de la necesidad de los agricultores.
En la iniciativa que se presentó ante la Oficialía de Partes, el PRI propone que sea delito el que de forma unilateral y sin consentimiento del productor, algún empresario imponga cuotas obligatorias en dinero por tonelada de cosecha recibida o que se realice un contrato de comercialización a sabiendas de la incapacidad económica o material de cumplir con los compromisos de finiquito que fueron contraídos.
