Sin tomar medidas que eviten la corrupción en su manejo, el gobierno federal ha reducido los recursos que se emplean para ayudar a los damnificados por desastres naturales. Ahora se apoya solo a algunos afectados a pesar de que hayan padecido el mismo desastre, como en el huracán Willa que se ayudó únicamente en los municipios de Nayarit y no en los de Sinaloa.
Cuando sucede un sismo, huracán u otro fenómeno natural, el gobierno federal utiliza el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para ayudar a las familias y poblaciones afectadas los daños en infraestructura, instalaciones públicas o vivienda. Para el 2020 el Fonden contará con recursos por 3 mil 800 millones de pesos, lo que significa una reducción del 85%, respecto al presupuesto que se le aprobó en 2018 de 24 mil 644 millones.
Uno de los argumentos para reducir el presupuesto del FONDEN fue que había corrupción.
El 27 de junio pasado el presidente declaró: “Eran capaces de declarar alarmas, estados de emergencia para que entrara a ese programa el Fonden; era un barril sin fondo”. «Porque al declarar una emergencia no se licita nada, todo se compra de manera directa y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo esto manejado por Gobernación, pero miles de millones de pesos, y así también lo del sargazo”.
A pesar de identificar la compra directa como la puerta de entrada se la corrupción, ese mecanismo no se canceló ni se substituyó por otro. Se pudo implementar un esquema de compra consolidada previa que se entregara en los lugares donde sucedieran los desastres. No se hizo. La puerta identificada sigue abierta, solo se redujo el recurso.
La austeridad ha provocado que las ayudas se restrinjan sin basarse en la afectación a las familias sino en criterios diferentes a los daños.
Un ejemplo fue la atención a los damnificados por el huracán Willa. La declaratoria de desastre contempló a ocho municipios de Nayarit y a dos de Sinaloa: Rosario y Escuinapa.
El 25 de marzo de este año, el gobierno federal inició la reconstrucción de 4 mil 200 viviendas pero solo en los municipios de Nayarit, colindantes con Sinaloa pero ni una sola en este estado, ni siquiera en la Concha, en Escuinapa donde solo la línea divisoria los separa.
El propio presidente López Obrador informó que a mitad de año, en la administración anterior, ya se habían declarado 75 emergencias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y este año solo se han declarado 13.
No se ha expuesto ningún estudio técnico que señale que el monto del FONDEN ya no debería ser de 24 mil millones sino de 3 mil 800.
Se ha procedido al revés. Las declaraciones de emergencia y desastre se han ajustado para que no rebasen el monto del presupuesto.
No hay condición de vulnerabilidad mayor al hecho de que el patrimonio familiar y la infraestructura de una población desaparezca en pocos minutos porque un desastre lo destruya.
No es una buena política pública priorizar los programas de transferencias por sobre la atención a los desastres naturales porque a los afectados no les servirá de nada recibir una pensión de adulto mayor si ya no tienen casa o están aislados sin camino.
Todavía es mas grave que se antepongan programas como el de adultos mayores que entregan la pensión incluyendo a quienes tienen una jubilación alta porque de esta manera estas destinando recursos a las personas de mayor ingreso y negándoselo quienes perdieron todo su patrimonio.
La atención a damnificados por desastres naturales debe ser mas prioritaria para el gobierno federal. No es conveniente que le dedique prácticamente la misma cantidad que le da a pagar la estructura de los servidores de la nación, 3 mil 600 millones de pesos que es el personal de acompañamiento a los beneficiarios de los programas sociales.
Se debe ayudar a quien mas lo necesita y eliminar la corrupción, mejorando los procesos.
