En todos los escenarios políticos, especialmente en los espacios legislativos, Congreso de la Unión y Congreso Local, se ha estado debatiendo la Ley de Remuneraciones, tanto para funcionarios federales como la posible homologación en Sinaloa.

Tal y como le recordaba en la columna anterior, el problema es la forma, porque creo que en el fondo todos los ciudadanos estamos de acuerdo con la reducción de sueldos a los funcionarios de primer y segundo nivel.

Para empezar me parece que ya estuvo bueno de que los legisladores de MORENA sigan con la cantaleta de que las cosas se van a hacer porque ellos dicen y porque AMLO así lo ha mandado.

Tienen que pasar al siguiente nivel, dejar de ser buscapleitos y empezar a actuar como verdaderos administradores de la soberanía que el pueblo ha depositado en ellos como sus representantes.

De que se tiene que lograr y es lo mejor para la nación y el estado, de acuerdo. De que se debe cumplir la Constitución Mexicana y de Sinaloa, de acuerdo. De que son insultantes los sueldos de muchos de los funcionarios, de acuerdo. De que es una forma de obtener recursos para beneficiar a los que menos tienen, de acuerdo. De que esas cantidades no corresponden a la realidad económica de nuestro país, de acuerdo.

Pero, de que sea por sus pistolas, en contra. De que se modifique la Constitución sin hacer una revisión exhaustiva que impida que lo reformado se contradiga con otros artículos de la misma Carta Magna, en contra. De que se quiera actuar violando la Ley Federal del Trabajo, en contra. De que no se haya previsto un mecanismo para corregir de forma legal, correcta, eficiente y adecuada, las onerosas y absurdas cantidades que devengan muchos funcionarios, en contra. De que se ponga a todos los empleados públicos en el mismo rasero, sin establecer criterios claros de a quienes sí y a quienes no se les bajará el sueldo, en contra. De que se viole el equilibrio y la separación de poderes por falta de visión y sentido político, en contra.

Preocupante es también que son pocos los Diputados, tanto locales como federales, que saben qué contestar y tienen elementos que fundamenten el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de la reforma. Razón hay, razonamiento poco. Eso creo yo.