Desde la llegada de la mayoría morenista al Congreso del Estado de Sinaloa y los gobiernos municipales de esa misma afiliación partidista, se iniciaron los desacuerdos que han llevado a la presentación de denuncias públicas, declaraciones acaloradas y controversias constitucionales.
El primero, que recuerdo en este momento, es el referente a las tarifas del predial y el ajuste inflacionario.
La LXIII Legislatura, finalizada el pasado 30 de septiembre, en esas contradicciones a las que los morenistas nos tienen acostumbrados, argumentaron que, como parte del proyecto de nación, no debía de haber más impuestos, por lo que no era apropiado el aumento planteado por los municipios, particularmente el de Culiacán, que fue el que se defendió.
En aquellos tiempos, el Presidente López Obrador, a quien presumen seguir, había declarado que los únicos ajustes aceptables eran los que se referían al porcentaje inflacionario, por lo que la postura de los Diputados era contradictoria.
El segundo enfrentamiento tiene que ver con el pago de los beneficios sociales a los policías retirados y a las viudas de los caídos en el cumplimiento de sus funciones, que se inició con el decreto que modifica la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
La tercera desavenencia es la relativa a los famosos CEPROFIES (Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa), ya con la inclusión del Gobierno Estatal, también morenista.
Estos certificados, establecidos en la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa, considera la exoneración de pago del impuesto predial y derechos de construcción hasta del 100%, además de hasta el 50% en las Tarifas de Conexión de Agua Potable y Alcantarillado. Asimismo, hasta el 100% del impuesto sobre nómina.
El cuarto conflicto, que está cerca de acrecentarse, es el relativo a los descuentos para jubilados, pensionados y personas con discapacidad, por parte de las Juntas de Agua Potable. El Consejo Directivo de la JAPAC suprimió temporalmente dicho descuento, del 50%. Como respuesta, los Diputados Serapio Vargas, de MORENA, y Adolfo Beltrán, del PAN, presentaron una iniciativa para modificar el Artículo 50 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, quitándole a los Consejos Directivos la facultad de decidir sobre dicho descuento.
Los conflictos mencionados han sido resultado de la falta de comunicación que existe entre los morenistas, como sea y cuando sea que hayan llegado a ese partido, como sea que se hayan convertido en candidatos y como sea que ahora ocupen puestos de elección popular.
Es indudable que los ciudadanos queremos que se nos cobren menos impuestos, que se nos retribuya conforme a derecho y que estos funcionarios estatales (SÍ, los Diputados locales son funcionarios estatales) y municipales, se preocupen por el bienestar de los ciudadanos.
El problema está en la forma.
Los Diputados, y ahora el “Gober”, quieren que “a producto de gallina” los ayuntamientos hagan descuentos, condonaciones y exenciones. Y el Alcalde “rebelde” nomás no se deja y en la corte les gana los pleitos.
El asunto no es que no se hagan los descuentos, el problema es que de algún lado tiene que salir ese dinero, que se requiere para que se cumpla con las obras y acciones necesarias ¿A poco los Diputados no saben que las juntas de agua potable de casi todos los municipios están quebradas? No tienen ni para pagar la luz para seguir bombeando agua.
Si quieren que se hagan los descuentos, tienen que sentarse a dialogar y encontrar la forma de apoyar a los Ayuntamientos y las juntas de agua para que salgan de sus penurias, no nomás apretarles el cuello a ver cuánto aguantan antes de tronar.
Está como los descuentos en el transporte. Qué bien que se logren y se apliquen, lo celebro, lo pido, lo festejo ¿Y los transportistas qué culpa tienen? Díganles de dónde les van a regresar la lana y con gusto hacen el descuento que ustedes decidan. Así ya no está tan fácil ¿O sí?
El otro tema es que a los Diputados se les ha hecho muy sencillo meterse en donde no deben o como no deberían. Uno de esos casos es decidir en cómo y cuánto les van a pagar los ayuntamientos a sus empleados. Los policías municipales son empleados de los Ayuntamientos. Claro que quiero que les paguen más. Claro que quiero que se les cumpla a las viudas de los policías caídos, pero, no compliquen más las cosas metiéndose en dónde no les toca.
Si hubieran dictaminado sobre los policías estatales, a ellos y sus familias ya les hubieran cumplido. Las acciones que dependen de la autonomía de los Ayuntamientos, es harina de otro costal. Los mismo en los otros temas que le menciono. Si deciden no cobrar impuestos sobre nómina, excelente, eso le toca al Estado, pero lo municipal se tiene que negociar, para que todo salga bien.
El Presidente Jesús Estrada Ferreiro tampoco las tiene todas de su lado. Si bien la Constitución, en el Artículo 28, dice que quedan prohibidas “las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos”, también dice que es “en los términos y condiciones que fijan las leyes”. Entre esas leyes están la Ley de hacienda municipal, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico y todas las otras en las que se especifican las rebajas a los que los ciudadanos podemos tener acceso.
Sobre los descuentos de la JAPAC, tanto el director general, Jesús Higuera Laura, como la Tesorera del Ayuntamiento de Culiacán, Issel Soto, nos aclararon que lo que se hará es actualizar el padrón de quienes reciben descuentos para que se aplique a quienes cumplen con los requisitos señalados por la ley. Tal y como se hizo en el caso del predial al iniciar la administración municipal de Culiacán 2018-2021.
Insisto en que el problema está en la forma.
Afortunadamente, hoy viernes iniciaron una serie de reuniones entre el Legislativo estatal y los Alcaldes, con sus funcionarios correspondientes, en las que se vislumbra la posibilidad de encontrar los puntos medios, en bien de la sociedad. Comenzaron con Culiacán y seguirán con Mazatlán, Guasave y Ahome; además de las que se tenga el sábado.
Agradezco lo que parecen ser esfuerzos sinceros por ayudar en la economía familiar, también el interés por realizar las obras de todo tipo que urgen en los diferentes pueblos, ciudades y comunidades, pero mientras se les siga olvidando que son del mismo costal y no se pongan de acuerdo, seguirán dando maromas y haciendo desfiguros, en lugar de hacer obras y dar resultados. Eso creo yo.
