Antes del brote del COVID-19 el Gobierno Federal sostenía diariamente una conferencia de prensa. Ahora, inclusive en el periodo de cuarentena, sostiene dos. Pone en la calle a personas que deberían resguardarse en casa. Inexplicablemente el manejo de la Crisis Sanitaria de la Pandemia se ha convertido en tema político. Todo en torno al Presidente López Obrador cae en asuntos de promoción de su persona y su partido, aun en tiempos de emergencia.
El monopolio de los datos de la Crisis Sanitaria se ha convertido en prioridad para AMLO. Desea, como se menciona en todas las plataformas digitales, que se realice el menor número de pruebas para la detección del Coronavirus. Un día sí y otro también, las redes muestran información que indica el incremento inexplicable de muertes, por “neumonía atípica”. Ante un escenario que restringe la realización de pruebas sólo para aquellos que tienen síntomas graves, se deja fuera del rango a más del 90% que posiblemente está infectado de COVID-19, y que no manifiesta tenerlo. Probablemente cientos han muerto en México sin que sus familias sepan de qué realmente murieron.
El escenario anterior es el caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus. La absurda actitud de la “austeridad republicana” está generando que no se apliquen las pruebas necesarias, y que se ponga en peligro un enorme sector de la sociedad. México es uno de los países que realiza menos pruebas de detección. La combinación de monopolizar los datos y restringir el número de pruebas está negando al ciudadano los derechos a la Salud, a la información y a la prevención.
La evidencia infalible es que el Gobierno de Jalisco intentó importar pruebas y aplicarlas masivamente en su Estado. El Gobierno Federal no lo permitió. López Obrador, en su actitud de protagonismo y egocentrismo designa quiénes pueden hacer pruebas y quiénes no. Un Gobernador no pudo importar elementos básicos de prevención. Imaginemos lo desprotegido que se encuentra el ciudadano ante el faccioso manejo de los datos.
Además, las condiciones precarias en los hospitales, derivadas de un sinfín de recortes, pone a diario en peligro a enfermeras, doctores, químicos, camilleros, trabajadores sociales, personal de limpieza, y otros. Tal es el riesgo para los profesionales de la salud que la UNAM y el IPN han retirado a sus miles de pasantes de los hospitales del sector salud. Las razones fueron que “no existen las condiciones mínimas de prevención, que garanticen la integridad física de sus alumnos”.
AMLO debe escuchar. Debe atender el llamado de los expertos de la Salud, dentro y fuera del País. Debe enfocarse en proteger a quienes crean la riqueza y sostienen la economía. No necesariamente dar a los ricos, sino observar que las empresas enfrenten la crisis con el mejor apoyo posible; que los empleos se conserven y que el empresario pueda tener facilidades para pagar los impuestos, para que las fuentes de empleo no se detengan. Nadie queremos un escenario donde las crisis de salud y económica nos pongan en terapia intensiva.
