Que religiosos sean invitados por el gobierno a apoyar sus decisiones en mítines, entromete en la política un pretendido respaldo de Dios, que no se puede verificar, y erige organizaciones “favoritas” de entre las distintas opciones religiosas.

 

El antropólogo Claudio Lomnitz considera mala señal que después del discurso del sacerdote católico Alejandro Solalinde en el evento gubernamental de Tijuana se considere que los que estén con el gobierno “aman a Cristo”, y los que no “aman el dinero.”

La buena deliberación pública requiere de un espacio público abierto a la exposición libre y a la confrontación de las ideas. Eso hace necesario que la discusión pública no esté restringida por convicciones religiosas.

Las posturas amparadas en la religión no están sujetas a discusión porque se encuentran ancladas en dogmas. Cuando se dice que es palabra de Dios, que así lo dice la biblia o que es un escrito sagrado se achica la posibilidad de cuestionar.

Cuando el Presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Arturo Farela, pidió un fuerte aplauso de reconocimiento para la delegación mexicana negociadora, quien no está de acuerdo sabe que no escuchó una propuesta analítica sino una declaración rotunda fincada en elementos religiosos.

Para que la deliberación pública nos lleve a comprender los problemas y encontrarles solución debe haber un intercambio libre, informado, plural y tolerante. Todo lo contrario a “ya dijo el padrecito, ya no le busquen”.

El gran cambio político del siglo XVIII fue que la legitimidad del gobierno y sus decisiones recayeron en la soberanía popular, en la opinión de los ciudadanos y ya no fue definida por elementos religiosos.

Antes de eso, el poder del soberano no se basaba en la voluntad del pueblo, sino en la autoridad que suponía el haber sido elegido por Dios para ocupar el trono.

Actualmente existe una gran tentación de muchos partidos y de muchos políticos, de aliarse con organizaciones religiosas o a vincularse con lo religioso en general, para obtener una legitimidad que han perdido en otro terreno.

Ante esa tentación carnal, poco espiritual, es necesario asegurarnos que el gobierno sea laico.

La laicidad es la garantía de libertad de religión y es un régimen de convivencia donde no hay grupos favoritos. 

Un Estado laico es necesario para la democracia , porque funda la tolerancia y el respeto a las diferencias. La laicidad es necesaria para garantizar los valores de igualdad y no discriminación, pluralidad y libertad.

La laicidad sostiene que corresponde a cada persona decidir su proyecto de vida conforme a sus ideas y creencias, sin más intromisiones ni límites que los necesarios para respetar los derechos de terceros.

El Estado laico establece la igualdad desde la imparcialidad, al no tener una “iglesia favorita”. 

La presencia de actores religiosos en actos de gobierno rompe con esa imparcialidad pues da espacios estatales a algunas creencias y no a otras.

Este no es un llamado para que no haya valores en la política.

Al contrario, es un discurso que reclama la libertad para adoptar los valores religiosos de la opción que prefiera en forma libre de la intromisión del Estado y para exponerlos en la arena pública sin que el gobierno sea parcial y favorezca alguna opción.

Este es un llamado a que las instituciones religiosas no acorten la deliberación de los ciudadanos calificando “oficialmente” las decisiones gubernamentales, en podios estatales, con recursos del erario, acompañados de los propios burócratas calificados y rodeados de los símbolos del poder político.

Es un llamado a que algunas instituciones religiosas no establezcan una relación de privilegio con el gobierno en detrimento de otras.

La Constitución define a nuestra República como laica. Ello implica asegurar una imparcialidad del Estado frente a todos los cultos, creencias y organizaciones clericales, de manera que no se privilegie a ninguna de ellas

La laicidad hace posible la libertad; es la garantía para el ejercicio pleno de los derechos de todos.

Nadie tiene una hoja de afiliación de Dios a ningún partido político.