En estas semanas que restan para el final del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Sinaloa, uno de los temas que está generando más polémica, incluso intenciones de recursos administrativos disciplinarios, es la aprobación o no de las cuentas públicas 2017, el primer año de Quirino Ordaz y el de los menos de 2 años de los Alcaldes de los diversos municipios.

Por una parte el Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo, argumenta que los morenistas integrantes de la Comisión de Fiscalización, que preside el Diputado Marco Zazueta, actúan de forma ignorante e irresponsable ya que invaden las facultades de la Auditoría Superior del Estado pues han ido más allá de lo que marca la ley al señalar culpables en cuanto a las observaciones hechas por la ASE.

Por su lado, el Diputado Zazueta Zazueta declaró que están actuando conforme a la ley y que si el PRI quiere utilizar algún recurso legal en su contra está en todo su derecho y él no tiene problema por eso.

En medio de este toma y daca, la Ley de la Auditoría Superior del Estado, reformada el 23 de abril del 2018, en su artículo 29 dice:

“La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado es la instancia a la cual deberán presentarse, por parte de la Auditoría Superior del Estado, los informes de la revisión de las cuentas públicas de los Poderes del Estado y de los Municipios, así como los informes financieros de las demás entidades fiscalizadas, para la elaboración de los dictámenes correspondientes”.

En este artículo queda claro que la ASE entrega informes y la Comisión elabora dictámenes, los cuales pueden ser de aprobación o rechazo.

En ningún momento se establece que sea la ASE el órgano de poder total sobre las cuentas públicas, más bien es el especialista técnico que desmenuza las cuentas para que la Comisión las analice y decida si están de acuerdo o no.

Para mí las fallas del proceso son:

La inconsistencia de las fechas dadas al pleno del Congreso para aprobar o rechazar los dictámenes de la Comisión de Fiscalización, habiendo meses de diferencia entre el margen dado al poder legislativo y el plazo para aclaraciones de los entes obligados.

El «juzgar» a cualquier ente obligado sin que se haya vencido el plazo para solventar las observaciones hechas por la ASE. Eso no puede considerarse legalmente correcto.

La inexistencia de la Comisión Técnica que además de ser un auxiliar determinante para la Comisión de Fiscalización, le permitiría reunir elementos probatorios si es que desconfían del actuar de la ASE al dudar de su honestidad e imparcialidad.

Al Diputado Marco Zazueta le hemos preguntado «N» veces si había necesidad de reformar la ley para que llegada esta fecha se tuvieran las condiciones para revisar las cuentas públicas. No se hizo y allí están las consecuencias.

Lo que será la cereza del pastel es lo que suceda con la cuenta pública de Angostura ya que corresponde a la administración del Diputado Chenel Valenzuela en el año 2017 y el dictamen de la Comisión de Fiscalización también es de no aprobado, no creo que vote de conformidad, uno menos con la “mayoría”. Eso creo yo.