Retomo esta frase que escuché por primera vez de boca del Diputado panista Jorge Iván Villalobos Seañez, al referirse al Congreso del Estado de Sinaloa en una de tantas ocasiones en las que la “bendita ignorancia” había iluminado su camino y nos permitía ver contradicciones que parecían imposibles de lograr. Para asombro de algunos, han alcanzado un nuevo nivel. En medio de esta pandemia provocada por el coronavirus, nuestros queridos Diputados de la LXIII Legislatura han demostrado que sí se puede chiflar y comer pinole. Le explico.

De acuerdo a lo que las circunstancias ameritan, el pasado 9 de abril, en reunión en sala virtual, no en reunión presencial, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) acordó destinar una bolsa de 7 millones 760 mil pesos para la compra de ventiladores de respiración asistida, monto que para el 9 de mayo se acordó redireccionar para la compra de equipo de seguridad médica; el día 28 del mismo mes, bajo iguales circunstancias, decidieron utilizar 6 millones de pesos para apoyar con alimentos a familias afectadas por la crisis económica. Hasta allí todo parece ir bien.

El “pero” está en que las reuniones no presenciales no son legalmente válidas. Esto es, no están consideradas ni en la Constitución Política del Estado de Sinaloa ni en la Ley Orgánica del Congreso de Sinaloa, por lo que los acuerdos tomados en esas circunstancias no tienen valor jurídico.

De frente a lo anterior ¿Quién va a catalogar de inadecuado tomar ese tipo de medidas para apoyar al sector salud y a los ciudadanos en condición vulnerable? ¿No se debe agradecer que, aun fuera del marco legal, los Diputados se preocupen por asistir a la población? ¿No debemos celebrar que aun siendo labor del poder ejecutivo y no del legislativo, busquen la manera de aportar ante la emergencia sanitaria y económica? ¿No es de reconocer que hayan buscado el cómo sí y no el cómo no hacer algo por la población afectada por la pandemia?

Pero, como le dije al principio, el Congreso chimoltrufio no puede dejar de ser iluminado por la “bendita ignorancia” y el nunca bien ponderado órgano interno de control aportó una parte importante de la luz.

Resulta que Elisa Podesta Rivas, titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado, dijo que los Diputados deben cumplir con la ley, la transparencia y rendición de cuentas en la entrega de los paquetes de alimentos, argumentando que debido a que se destinaron recursos públicos, los Legisladores, ejecutores del programa, deberán comprobar la entrega de los 20 mil 640 paquetes alimenticios.

Para cumplir con lo anterior, el receptor de la despensa debe entregar una copia de cualquier identificación que sea oficial, a la cual se le puede tomar una fotografía con un teléfono, y se llenará un formato con firma de recibido. Lineamientos acorde a la Ley General de Armonización Contable, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa.

“Ta Güeno”, es de acuerdo a la ley pero ¿Sí se puede violar una parte de la ley justificándose con la contingencia sanitaria y la otra parte no? ¿En dónde queda el sentido común al pensar que se pueden relajar las medidas que propicien el contacto entre las personas?

Ya se han manifestado Diputados inconformes con el procedimiento y dispuestos a no recibir las dichosas despensas, y hay otros que ya las recibieron pero también han comentado que no saldrán a repartirlas y cumplir con los requisitos de comprobación, lo que pondría en riesgo no solo su salud sino la de su familia.

Me parecería muy interesante saber qué pasaría si alguno de los Diputados se anima a entregar las despensas y no pedir ningún tipo de comprobantes, apoyándose solo en fotos o video, y desafía al órgano interno de control con el indiscutible argumento de que estamos frente a condiciones extraordinarias.

También sería muy atractivo que alguno de los Legisladores, incluso los que pertenecen a la JUCOPO, interpusiera una denuncia por uso indebido de recursos, al ser aprobados de manera ilegal. Por supuesto que lo tendrían que reintegrar los miembros de la JUCOPO, en proporción a su representación basada en el voto ponderado.

Aunque aprueben las reuniones virtuales, en la primera sesión presencial, hay que recordar el principio de irretroactividad de la ley.

Y ni hablar del Órgano Interno de Control, claro que pueden hacer una excepción, han hecho cosas peores. Por ejemplo, ¿Cómo se explica que un Diputado pueda comprobar ayuda de ropa para una señora que perdió todo en una inundación con una factura de compra de corbatas? Queda claro que la factura no es falsa, la tienda de ropa existe y tiene personalidad jurídica pero ¿Corbatas? ¿Qué señora va a utilizar corbatas para sustituir la ropa que perdió en el arroyo? ¿En ese caso tampoco se aplicó el sentido común? ¡¡Por favor!!

Insisto, estoy de acuerdo, hay que hacer lo que marca la ley pero urge más hacer lo necesario. Sin olvidar la ley pero sin olvidar al pueblo.

El que “tampoco canta mal las rancheras” es el Gobernador Quirino Ordaz. ¿Existe algún elemento para calificar a los expendios de cerveza como negocio esencial? Definitivamente creo que no. Eso sí, no hay manera ni lugar en donde comprar un calzón ni artículos de papelería, esos negocios mucho más esenciales están prohibidos.

Que porque nos hemos portado bien y se ha aplanado la curva de contagios ¿De dónde sacó esos datos? ¿Nos portamos muy bien el 30 de abril? El 10 de mayo es otra historia, por la fuerza se estableció el orden. Y el alza en contagios en todo el Estado ¿No lo ve? Hasta el reporte de hoy sábado, más del 40% de los pacientes activos están hospitalizados y el 19% en situación grave; nada mas hoy 85 nuevos pacientes, 51 de Culiacán.

Si alguien está violando el principio de mantener cerrados los negocios que no son de giros esenciales es el propio Gobernador Quirino Ordaz. Me queda claro que el problema no es si hay o no ley seca, el problema es que se abran los expendios. Si hay ley seca tal vez se consuma menos cerveza pero, no hay manera de prohibir o disminuir el uso de calzones y no hay dónde comprarlos. Eso creo yo.